Con un alto grado de autocomplacencia por parte de los partidos que forman el Gobierno catalán, y sin la participación de los grupos políticos de la oposición, se ha firmado en Cataluña el Pacto por la Vivienda.

Dicho pacto, que viene negociándose desde el mes de abril, y tramitándose de forma conjunta con un proyecto de ley sobre la materia, contiene toda una serie de medidas de carácter coyuntural pero también, y con gran diferencia a las anunciadas por la ministra Chacón, posicionamientos de carácter estructural, que intentan atacar el grave problema de mantener o acceder a una vivienda.

El Gobierno tripartito, exultante tras conseguir un acuerdo con los promotores, y con la finalidad de autosatisfacerse aún más, está empecinado en mantener una medida que ha resultado ciertamente polémica porque puede comportar la expropiación del uso de una vivienda que cualquier persona pueda tener en propiedad. La inclusión del alquiler forzoso hacía gozar reiteradamente a la militancia ecosocialista, porque además de entusiasmarles la medida, implicaba la expulsión de sus oponentes políticos e ideológicos del Pacto y de la Ley, y con ello la interrupción de todas la aportaciones y negociaciones que hasta la fecha con gran provecho se habían realizado.

Viviendo el tripartito en el limbo de la felicidad, y tan acostumbrados como nos tienen a la continua y retórica autoalabanza sobre sus grandes propuestas sociales y progresistas, yo particularmente no atisbo aún qué tiene de social y progresista expropiarle a nadie durante cinco años el uso de una vivienda.

Reflexión que hago teniendo en cuenta nuestro contexto. Vivimos en un país en el que durante muchos años se ha considerado con convicción, que el mejor refugio a los ahorros de cualquier trabajador asalariado era la adquisición de una vivienda. Un país que, además, está, desde siempre, a la cola de Europa en la oferta de inmuebles de alquiler, y ello porque ninguna de las Administraciones ha hecho adecuadamente sus deberes. Así pues, ya me contarán ustedes, por qué cabe valorar como progresista y social hacer pagar al ciudadano la conversión del mercado de propiedad en mercado de alquiler y la desidia institucional expuesta.

Pero ellos, a lo suyo, se han quejado muchos años de la fiebre constructora que ha invadido nuestro país, y ahora su coherencia conlleva que a través de la Ley o a través del Pacto, cualquier ciudadano -porque la Ley no distingue rentas- que se haya querido guardar un piso, comprado o heredado, bien porque se ha ido a vivir fuera de las grandes áreas metropolitanas y piensa volver o porque desea conservar para sus hijos dicha vivienda, si la Administración se fija en ello, o su vecino lo denuncia, van a acorralarle, tratarlo de insolidario y especulador. Y si no le convencen para que alquile su propiedad, pues se la van a quitar durante cinco años para alquilarla a un tercero.

Aún hay quien piensa que esta medida no justifica que algunos partidos políticos no hayamos firmado el Pacto, pero particularmente defiendo esta posición porque no puede permitirse la política de la amenaza, pues aunque fueran pocas la viviendas cuyo uso se expropie a sus propietarios, lo cierto es que de permanecer el instrumento del alquiler forzoso en la Ley, la intimidación que dicha cuestión comporta coarta la libertad del ciudadano.

Argumentados los principios bajo los cuales damos la suficiente importancia al hecho como para encontrarnos excluidos del Pacto y de la Ley, es también mi obligación exponer que desde la federación de Convergència i Unió sentimos el acuerdo también como nuestro, puesto que hemos aportado elementos que entendemos resultan muy importantes en la configuración del mismo, y que deben facilitar -si el Govern aplica con eficacia el acuerdo- la aparición de nuevas medidas que darán apoyo a jóvenes, gente mayor, y a las familias numerosas o con escasos recursos económicos.

Sirva de ejemplo la aportación por parte de Convergència i Unió de la medida bautizada en su día como convenios de copropiedad, por los cuales la Administración puede adquirir el dominio de hasta el 20% de una vivienda. La propuesta es una innovación legislativa que ha de permitir que los jóvenes dejen de preocuparse por el hecho de no disponer de dinero suficiente para pagar la entrada de la compra de un nuevo piso. O las medidas que se han dispuesto para paliar la constante escalada del precio del dinero, que tienen que venir a aliviar el recibo hipotecario a aquellas unidades familiares que más lo necesiten. Y podría continuar con las propuestas propositivas para el propietario que ponga su vivienda en alquiler, como lo es la de contratar una póliza de seguro para los cinco años de duración del contrato, o toda una retahíla de medidas fiscales que, si bien algunas de ellas no son competencia autonómica, si podrían formar parte de la negociación presupuestaria estatal.

Medidas todas ellas pensadas para ayudar a superar el difícil momento tras un decenio de burbuja inmobiliaria. Seguramente el Pacto llega tarde, pero las necesidades en el escenario actual aún son muchas, y debe atacarse el problema con seriedad y sin adoptar medidas estratégicas por parte de los partidos que tengan como única finalidad la de autocomplacer a la militancia, y por tanto, excluir a otros de la necesaria unidad política en las materias más sensibles para la ciudadanía.