L'Estat de l'Estat.

04 Juliol, 2007 07:58
Publicat per csala, General

Suposo que ha de ser senzill trobar a la Xarxa les intervencions d’ahir al Congrés dels Diputats sobre el debat de l’Estat de la Nació, no obstant, avui vull afegir al bloc la intervenció sencera d’ahir d'en Duran Lleida. I la poso sencera perquè malauradament, per falta d'espai, la visió que se'n dona des dels mitjans de comunicació del que diuen els diferents representants de les forces polítiques és excessivament simplificada. Sé que la meva visió és subjectiva, però després de la seva acurada, recomenada i necessària lectura, tan sols puc qualificar-la de completa i brillant. 

INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CiU) EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, JOSEP A. DURAN I LLEIDA DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN 

Madrid, 3 DE JULIO DE 2007 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados: (Condolencia a las familias de los siete fallecidos en Yemen y deseos de un pronto restablecimiento de los heridos) El 15 de abril de 2004, en el debate de su investidura, desde esta misma tribuna le decía, Sr. Presidente, lo siguiente: “No se preocupe por el sentido inicial de nuestro voto; nuestra libertad de acción se percibirá mejor si nos abstenemos, pero en este momento sí que le exhorto a que al final de la legislatura hayamos podido coincidir en lo esencial y en todo aquello que sea posible. Creo que esto sería beneficioso para Vd. y para el conjunto de la sociedad española. Para Catalunya -añadía- obviamente también lo sería. No obstante, siento, y debo decirlo, más escepticismo esta tarde, después de escucharle, del que sentía ayer”. 

En su réplica y en la respuesta a mi breve turno de dúplica, Vd., Sr. Presidente, sintetizó en tres palabras su estado de ánimo frente a este grupo parlamentario a la hora de abordar la presente legislatura: “contador a cero”. Con esta expresión quería Vd. resumir su predisposición a mantener diálogo y llegar a acuerdos al margen de cual hubiera podido ser antes la relación entre el PSOE y CiU, y de la actitud de su partido de aislar la lista más votada tras las elecciones de Catalunya. Práctica en la que, por cierto, reincidiría tres años más tarde, con motivo de la reedición del tripartito, aún habiendo sido más evidente la derrota electoral de su partido en Catalunya.

Sr. Presidente, Vd. empezó, por tanto, la legislatura sin el voto positivo de nuestro grupo parlamentario, y la finaliza sin haberse ganado nuestra confianza. Vd. priorizó ganarse la confianza de IU-IC-Verds y ERC, y es coherente que haya mantenido esa prioridad a lo largo de estos tres años. Tanta coherencia les llevó a que, incluso en un debate como el que hoy estamos manteniendo, su grupo parlamentario no aceptara ninguna de nuestras propuestas de resolución como condición que le impuso ERC para apoyarle en todas las que Uds. presentaban. Ello, no obstante, no ha significado, y así debo reconocerlo, que no hayamos llegado a acuerdos, fuera y dentro de la cámara, en materias relevantes.  

En alguna de ellas lamentamos profundamente el incumplimiento del compromiso que Vd. asumió en el debate de investidura, reflejado también en el diario de sesiones de esta cámara. Decía Ud., Sr. Presidente, como candidato todavía a ser investido, que (leo literalmente) “si llegamos a acuerdos en alguna materia, Sr. Duran Lleida, puede quedarle claro, yo los cumpliré”. Resulta poco relevante conocer si a mí me quedó o no claro que los cumpliría; lo importante es que algunos de los acuerdos adquiridos con nosotros no los ha cumplido, como no ha cumplido Vd. compromisos adquiridos ante la sociedad catalana en general, o el mundo empresarial catalán, en particular. De ello tendremos ocasión de hablar a lo largo de este debate.

Dicho todo esto, que nadie se equivoque a la hora de extraer conclusiones precipitadas. El que Vd. y su gobierno no se haya ganado nuestra confianza, no significa que lo haya hecho el principal partido de la oposición. Menos todavía. Es más, cuando nos llegan ciertos cantos de sirena es preciso recordar que si bien es cierto que Convergencia i Unió ha demostrado que el pragmatismo es uno de sus activos, quien desprecie nuestra dignidad y memoria cometerá un grave error. Hemos demostrado nuestra elasticidad con unos y con otros, pero si alguien cree que la fuerza política que represento puede estirarse como un “chicle” demostrará, aparte de ignorancia, una gravosa falta de respeto.

Retomo ahora, Señorías, Sr. Presidente del Gobierno, el contenido principal de este último debate del “estado de la nación” de la legislatura. Al hacer balance de estos tres años, sentimos un sabor agridulce. Hemos alcanzado acuerdos en diversas materias: Estatut de Catalunya, reforma universitaria, bajada de impuestos, educación, estatuto del autónomo, seguridad vial, apoyo a las energías renovables, creación del fondo de garantía de alimentos, ley del medicamento (sin su desarrollo reglamentario que, por cierto, está provocando una gran inquietud en la industria farmacéutica que Vd. mismo debería encauzar mediante el diálogo que el sector le ha pedido y no concede). Cierro el paréntesis y sigo con la lista de materias pactadas con CiU, regulación de la condonación de la deuda exterior, reforma de la Seguridad Social, estatuto del cooperante, compatibilidad de pensiones del SOVI y viudedad, compatibilidad entre pensiones contributivas y diversos trabajos, por citar algunos de los temas relevantes que hemos administrado juntos.  

No hemos podido acabar de acercar posiciones en Memoria Histórica. Debo reconocer que no tanto porque no existiera un cauce de diálogo con el Gobierno para afrontar una cuestión tan sensible, como por el origen de la iniciativa y la orientación política que adquiere en cuanto Uds. la pactan con Izquierda Unida. Nunca podremos ir de la mano con quienes pretendan administrar con sectarismo la memoria, negando su pluralidad y otorgándose una autoridad moral que su actitud en la retaguardia de la guerra civil la hace extraordinariamente vulnerable.  La historia es un concepto objetivo y debe quedar para los historiadores. La memoria es subjetiva, cada uno tiene la propia, y es por ende plural. Más allá de las víctimas de una y otra España, existe una tercera España que sufrió el odio de los unos y de los otros. Y de esa tercera España y de estos odios de los unos y de los otros la formación política que represento sí tiene alguna autoridad moral para hablar con objetividad.

La legislatura no ha finalizado. Vamos a ver lo que da de sí. Desde luego, si aquí se impone el espíritu de quienes administran este proceso desde el gobierno de Catalunya, ya les digo que no hay posibilidad de acuerdo alguno. Sectorialmente, ha habido otro marcado desencuentro: la Ley de Dependencia. No la compartimos por dos razones.

La primera, fundada en la invasión competencial y en la generación de un gasto que las CCAA deberán atender. A eso se le llama deslealtad en contra de la lealtad institucional, amparada tanto en la LOFCA como en el nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La segunda de las razones para oponernos a su ley de dependencia es de contenidos. Remarco lo de su ley de dependencia porque Convergencia i Unió está a favor de regular y amparar el grave problema de la dependencia, pero no comparte el modelo de su ley. La ley ignora el principio de subsidiariedad, la principal responsabilidad de las familias, discrimina a las clases medias y margina a colectivos concretos de dependientes. Sr. Presidente, Convergencia i Unió comparte la voluntad de superar una visión asistencialista en materia de servicios sociales. Pero fíjense en la intensidad de la protección de los servicios que están Uds. proponiendo: 3 horas al día; 780 € al mes. Frente a ello, tenemos la siguiente realidad: los costes de asistencia domiciliaria por hora son entre 13 y 19 €/hora al día; los costes de las residencias en Barcelona y en Madrid, entre 1500 y 2200 €. Y hay millones de ciudadanos que ingresan 500 € al mes. En definitiva, Uds. han generado unas expectativas que no se van a poder cumplir y el desarrollo de la ley que Uds. han anunciado no las va a garantizar. Mucho nos tememos, Sr. Presidente, que estamos más en vigilias de la frustración de muchos ciudadanos dependientes y de sus familias que no ante el ejercicio efectivo del derecho universal a un sistema de calidad para todas las personas dependientes. 

Hoy son muchas las CCAA gobernadas por el PP que se arrepienten del voto que dieron a esta ley. Ha sucedido lo que en su día vaticinamos. Pero no es simplemente en el ámbito del Partido Popular donde se oyen voces críticas y se expresan temores similares o idénticos a los expresados por este portavoz. Sucede también en el propio gobierno de Catalunya. La consejera de Benestar Social no se ha referido a su Ley de Dependencia con palabras más amables que las nuestras. Todo lo contrario.

 

Sin ir más lejos, la semana pasada nuestro grupo defendió una moción consecuencia de interpelación, planteando la necesidad de más recursos para las CCAA, respeto para sus competencias y la adición de un criterio que tenga en cuenta el coste real de los servicios y las condiciones socio-económicas de cada comunidad. Tanto ERC como IU-IC-Verds, sus socios parlamentarios aquí y de gobierno en el tripartito catalán, presentaron una enmienda reconociendo en el fondo las graves carencias de la ley en el sentido que este grupo ha denunciado, llegando al ridículo extremo que ERC e IC-Verds tuvieron que votarse en contra una enmienda propia para evitar que el PSOE perdiera la votación. Me abstengo de comentar el valor político de tal decisión, simplemente levanto acta del profundo malestar que existe en sus socios parlamentarios, e incluso en el propio grupo socialista. por el desarrollo de la ley. Humo, Sr. Presidente, mucho humo. ¡Demasiado humo! Estoy convencido de que en la sesión de resoluciones aprobarán una referente a los contenidos que acabo de evocar. Pero lo estoy también de que no pasará de constituir nuevas señales de humo. Pero nada más que eso. Corrija, por tanto, Sr. Presidente, el mal comienzo en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Ésta no es, desgraciadamente, la única ley que vulnera, a nuestro juicio, el Estatuto de Autonomía para Catalunya aprobado en esta legislatura. Recuerdo que en la campaña del referéndum del Estatuto, Vd. se comprometió a ser generoso en la aplicación de lo que iba a ser una ley orgánica aprobada por las Cortes y refrendada por el pueblo de Catalunya. No necesitábamos su generosidad, Sr. Presidente, sino su lealtad con el cumplimiento de la ley. Al final no ha habido ni generosidad ni lealtad. 

La reforma del Estatuto de Catalunya, de los estatutos en plural, ha constituido uno de los polos políticos estructurales de la actividad legislativa de los últimos tres años. CiU y el grupo socialista hemos trabajado conjuntamente en este proceso, pero Vd. ha incumplido sus propios compromisos. Me propongo explicar la consistencia de tal aseveración, pero permítame antes, Sr. Presidente, que atenúe, no que exima, su responsabilidad. En Catalunya, tampoco hicimos bien las cosas y a mí, personalmente, no me ha gustado el resultado final. Reconozco, por tanto, errores de las fuerza políticas catalanas. Hubo un exceso de tacticismo. Algún miembro de su gobierno, en privado, llegó a hablar incluso de la celopatía de la política catalana. Y no le faltaba razón.

 

Pero que no hiciésemos bien las cosas tampoco justifica la histórica irresponsabilidad del PP utilizando el Estatuto como instrumento de erosión política, sin importarle las secuelas que pudiera dejar su táctica. No se privaron de usar y abusar de argumentos contra la pretensión de los catalanes, presentándola como insolidaria, egoísta, dañina para el resto de España. Les dio igual que su campaña pudiera generar confrontación entre territorios. No les importó usar en vano el nombre de Catalunya. “¿Dónde hay que firmar contra Catalunya?”, decían personas que se acercaban a las mesas petitorias para un referéndum completamente anticonstitucional. En Andalucía, en cuñas publicitarias del PP, se decía nada más y nada menos que lo siguiente: “¿Sabes que ahora las comunidades más pobres son las que dan dinero a las ricas? ¿Cómo? Que si Catalunya tiene 3.000 Millones de inversiones, Andalucía necesita 4.500 Millones para estar a su altura porque suma un millón de habitantes más y porque no nos los dan. Porque Zapatero lo consiente y Chaves le apoya”. Y acababa diciendo -ésta y otras cuñas-, “el pacto de Zapatero con los nacionalistas catalanes (éstos éramos nosotros) perjudica a los andaluces y Chaves no hace nada para remediarlo”.

 

Tras el sí del referéndum del Estatuto de Catalunya, el PP, sin ningún rubor, pretendió deslegitimarlo en función de la alta abstención. Daba igual que el gallego hubiese sido refrendado legítimamente con menor participación o que más tarde le sucediera lo mismo al andaluz, en ambos casos con el apoyo del PP. Lo importante era seguir utilizando el Estatuto y la voluntad de los catalanes como instrumento partidario. Hasta el presidente del PP en Catalunya, Josep Piqué, llegó a declarar públicamente que el PP no volvería a gobernar con una estrategia en contra de Catalunya.

 

Al final, y como colofón de esa estrategia, el Estatuto está en la sala de espera del Tribunal Constitucional. Respetamos este organismo. Ese respeto es básico para el funcionamiento del estado de derecho. Sólo les ruego que el mismo respeto que expresa Convergencia i Unió se tenga por parte de los dos grandes partidos de esta cámara. Más allá, no obstante, de este principio general, el propio recurso del PP frente a nuestro Estatuto ante el TC es la prueba del nueve del uso partidario que de él se ha hecho. Afortunadamente, el PP no presentó recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz, pero no se entiende que para el PP sea inconstitucional el Estatuto de Catalunya cuando habla en su preámbulo de “realidad nacional de Catalunya” y no lo sea el andaluz cuando lo hace del “ideal de Andalucía libre”, de la “patria andaluza” y de “realidad nacional”. O que se considere anticonstitucional la bilateralidad consagrada en el estatuto catalán y, en cambio, se crea ajustada a la Constitución la prevista en el estatuto andaluz. O que las competencias para el establecimiento de las demarcaciones notariales y registrales sean anticonstitucionales si están en el artículo 147 del Estatuto de Catalunya y constitucionales si se prevén en el 77 del Estatuto Andaluz o las de inmigración o tantas y tantas otras competencias.

 

Y ya no digamos la disposición adicional tercera de nuestro Estatuto, cuando establece una salvaguarda de inversión pública del Estado en Catalunya para siete años en función del PIB. En el Estatuto andaluz se establecen siete años también de salvaguarda de inversión pública para Andalucía en función de su población. En el primer caso, para el PP se supera y vulnera la Constitución; en el segundo, no pasa nada. No acabaré sin citar el Título I de derechos y deberes del Estatuto catalán. Fue demonizado y se nos echó en cara por parte del líder de la oposición el que los diputados de Unió Democrática pudieran aprobarlo. Pues bien, el Título I del Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene un contenido similar, e incluso va más allá, y su artículo 21 afirma que “la enseñanza pública será laica”. Ahí también el PP ha utilizado dos varas de medir. Lo establecido en el catalán es anticonstitucional y lo votado por ellos, aunque sea lo mismo o peor, en el andaluz es constitucional. 

En fin, todo ello pone de manifiesto que, aun estando en su derecho, el PP nunca debió recurrir el Estatuto de Autonomía de Catalunya tal y como se hizo y que, aprobado como fue el Estatuto de Autonomía de Andalucía por el Partido Popular, el recurso debió ser retirado. Y sin embargo no lo retiró.

Pero permítame que retome, Sr. Presidente del Gobierno, las alusiones al incumplimiento de sus propios compromisos. Primero, se comprometió en esta Cámara a aprobar el Estatuto que el Parlament aprobase. La realidad es que el texto del Parlament se modificó significativamente en las Cortes Generales, no tanto como Uds. querían, pero más de lo que nosotros deseábamos. Pero lo más grave es el incumplimiento de lo aprobado por las Cortes y refrendado por el pueblo catalán. Incumplimiento que se expresa a través de actitudes y procedimientos distintos. 

De entrada, una buena parte de las leyes que Uds. han presentado en esta Cámara han sido elaboradas con una falta de respeto hacia la distribución competencial que establece el nuevo Estatuto. Así sucedió con el proyecto de ley orgánica de la educación, con la de universidades, con la del suelo, con la de dependencia, con la del libro… En algunos casos, el diálogo entre su grupo parlamentario y el nuestro ha permitido su ajuste al nuevo texto estatutario, pero en otros no, como es el citado de la ley de dependencia.

 

Se dan otros casos, como la reforma de la justicia, donde se pone de manifiesto un alarmante interés por no desarrollar las previsiones estatutarias que deben hacer posible la adaptación plena del Poder Judicial a un modelo de Estado compuesto y de estructura autonómica. Tanto el proyecto de ley orgánica por la que se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal, como el de justicia de proximidad y Consejos de justicia llevan un retraso inédito que sólo se justifica desde la deslealtad al Estatuto de Catalunya, a diversos estatutos de autonomía y a la ley de la Carta de la Ciudad de Barcelona. El gobierno ha permitido y fomentado que en sede parlamentaria, semana tras semana, se amplíe el plazo de enmiendas con el resultado insólito de que estamos ya en la ampliación número 57 en el segundo de los proyectos de ley.

 

En segundo lugar, el texto del Estatuto de Catalunya aprobado contiene unos compromisos financieros y de inversión que no se están cumpliendo. En los presupuestos generales del Estado para el año 2007 se incorporó una enmienda pactada personalmente con el vicepresidente Solbes, donde se establecía que antes de que finalizara el mes de marzo del 2007, el gobierno de la Generalitat y su gobierno se pondrían de acuerdo en la metodología a aplicar y el alcance del concepto de “inversión pública del Estado”. Han pasado marzo, abril, mayo, junio... y el compromiso estatutario y el de la ley de presupuestos sigue sin cumplirse. 

Debía crearse también una Agencia Tributaria de Catalunya con un formato ambicioso, pero por el momento el proyecto de puesta en marcha de la misma es un espectro de lo que el Estatuto prevé. Podrá decirse que esto es responsabilidad del tripartito, por tanto de los socialistas catalanes, IC-Verds y ERC, pero Vd. y yo somos conscientes de que ellos no van a impulsar nada a lo que Vd. se oponga, y si no lo impulsan es porque saben que su gobierno no estaría de acuerdo. ¿O acaso está, Sr. Presidente, en condiciones de afirmar que si en este terreno no hay cumplimiento estatutario no es por culpa de su gobierno, sino por negligencia del gobierno de Catalunya?

 

Otro tanto sucede con las transferencias de competencias. Ha transcurrido un año desde su aprobación, y nada nuevo bajo el sol. Ciertamente, como le gusta recordar a Vd., Sr. Presidente, Convergència y Unió ha ejercido responsabilidades de gobierno. Yo mismo he sido presidente de la parte catalana de la comisión de transferencias durante unos cuantos años, y no recuerdo ninguna época de tanta sequía como la actual. ¿Cuándo empezará su gobierno, Sr. Presidente, a desarrollar el Estatuto de Catalunya? Permítame que le diga una cosa, Sr. Presidente: con todos nuestros respetos, pero Vd. abusa de la debilidad e incapacidad del tripartito para defender los intereses de Catalunya. No abusa simplemente en el ámbito del desarrollo del Estatuto, sino también en el de las inversiones o en el de servicios tan básicos como el de RENFE-Cercanías. No me responda como acostumbra a hacerlo, Sr. Presidente, con la táctica del retrovisor. Uds. ya hace tres años que gobiernan y ya no pueden echar balones fuera. Por otra parte, cuando hablamos de cercanías de RENFE no es sólo un problema de inversión, es también un problema de gestión. Y le diré más, lo es también de sensibilidad democrática. A veces, desde el Ministerio de Fomento se han dado respuestas más propias de siglos pasados y de situaciones coloniales que de un estado de derecho que tiene en el título VIII de su Constitución uno de sus pilares fundamentales. No hay derecho, Sr. Presidente, ni nada que lo justifique a que los usuarios de Cercanías de Barcelona se encuentren cada dos por tres perjudicados por errores de gestión de los que nadie asume responsabilidades. Sin alejarnos del ámbito de la gestión de las infraestructuras, ¿Qué noticias puede darnos, Sr. Presidente, sobre la transferencia de la gestión de los aeropuertos catalanes, en general, y del aeropuerto del Prat, en particular? ¿Recuerda, Sr. Presidente, el número de ocasiones en que ha dicho a los empresarios que iba a ser una realidad inmediata? Y de la adjudicación de la nueva terminal del aeropuerto del Prat, ¿Hay noticias? De las inversiones previstas para el próximo año, ¿Pretende el gobierno improvisar de nuevo las correspondientes a Catalunya? Porque, de proyectos, haberlos no los hay. La inversión prevista para el año 2007 es del 13’9, alejada del 18’8 que significa nuestro PIB. Como le decía antes, en la medida que no se ha reunido el gobierno que Vd. preside con el de la Generalitat para concretar la metodología y alcance de las inversiones, ¿Van a mantener Uds. el mismo concepto de inversión pública del Estado en Catalunya que sostuvo el año pasado para el ejercicio presupuestario presente? O ¿Cree que va a ampliarse el concepto de inversión pública más allá de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente? Y si, realmente, Sr. Presidente, tiene intención su gobierno de cumplir con al ley, ¿Con qué proyectos cuenta, más allá de la continuación de la  construcción de la línea del tren de alta velocidad? Y ya que hablamos del TAV, ¿Llegará a Barcelona este año? ¿Corrige definitivamente su gobierno la fecha de llegada del TAV a Perpiñán? ¿Será el año 2009 o el 2012?

 

Otro aspecto que hemos abordado en esta legislatura y que tiene una dimensión económica y, sobre todo, social es el de la educación. Hemos tenido la oportunidad de hacer los cambios necesarios para darle la vuelta a los malos resultados que el informe PISA viene publicando en relación a España. Uds. y nosotros llegamos a un acuerdo para la ley de educación. Convergencia i Unió consiguió cambios sustanciales, como los consiguió también en la ley de ordenación universitaria, amén del pacto para que Uds. retirasen el recurso de inconstitucionalidad que en su día interpuso el PP contra la Ley de Universidades de Catalunya. Tales fueron los cambios que se introdujeron en ambas leyes a raíz de la participación de Convergència i Unió, que sectores importantes de la comunidad educativa y universitaria acabaron apoyando la Ley que cuestionaban cuando el gobierno la remitió a esta Cámara. En definitiva, logramos centrar la ley, y todo lo que se consiguió fue mediando CiU y no por medio de aquellos que optaron por un “no” a todo. 

Debo, no obstante, expresarle una preocupación fundamental. Nuestro objetivo no era sólo centrar su proyecto de ley, sino llegar a un pacto estable de educación entre todas las fuerzas parlamentarias, o la gran mayoría, y eso no se logró. Sigue siendo una asignatura pendiente, y de la misma manera que en otras ocasiones responsabilizamos al gobierno de turno, en esta ocasión, sin perjuicio de la responsabilidad de la oposición, el gobierno que Vd. preside también debe asumir la propia. Eso sí, no sería honesto si no lo reconociese: mientras en la tramitación de la última ley de educación del PP no hubo oportunidad de diálogo ni de acuerdo, ahora lo ha habido con Uds.

 

Quiero recordarle en este ámbito un compromiso pendiente. En el plazo de 5 años, las escuelas concertadas deberían ser absolutamente gratuitas, por lo que deben revisarse las cuantías de los módulos. Si no se hace así, es imposible la gratuidad total. Se tiene que crear una comisión para el estudio de este objetivo y no se ha hecho. Es cierto, como dije, que hay un plazo de cinco años, pero si no se empieza, el tiempo va pasando. Y añadirle una creciente preocupación por el desarrollo tanto de la LOE como de la LOU. Están incumpliendo el espíritu de la norma y el respeto a las competencias en materia educativa o universitaria de las Comunidades Autónomas. 

Como que, en el fondo, de lo que estamos hablando es de calidad de la escuela, sea ésta de titularidad pública o concertada y del derecho de los padres a elegir la escuela para sus hijos, quiero evocar nuestra posición respecto a la familia.

 

Uds., Sr. Presidente, han legislado sobre el matrimonio homosexual, la modificación de la ley del divorcio, violencia de género, ley de dependencia. En la mayoría de los casos se crean derechos, pero después no se proveen los medios materiales o los recursos necesarios para garantizarlos. He hablado de ello ya al tratar la ley de dependencia. Podría decirse lo mismo de la violencia de género, presentada con gran triunfalismo pero sin recursos materiales y personales para asegurar sus previsiones.

 

Pero quiero expresar nuestra preocupación, más allá de esta primera observación. Vdes, Sr. Presidente, no mencionan nunca a las familias. La excepción del día de hoy, confirma la regla. Siempre van sumando los miembros, pero no la atienden ni la entienden como célula básica de solidaridad y como institución más valorada por la ciudadanía. Sr. Presidente, ¿Es que confía tanto en la familia como institución que piensa que no son necesarias políticas públicas para apoyarla? 

Nuestro grupo parlamentario cree que sí, que hay que apoyarla. Por muchas razones. La propia Unión Europea a través de los acuerdos que configuran la estrategia de Lisboa reclaman de sus estados miembros políticas a favor de la familia. Si la gente afirma en las encuestas que desearía tener dos o tres hijos y después tenemos una media de 1’3 por familia, algo está fallando. Del superávit que, afortunadamente, presentan nuestras cuentas públicas, hay que dedicar recursos a la política familiar, a una política natalista. Y esto no se hace.

 

Esta mañana nos anunció que a partir de hoy por cada hijo que se traiga al mundo en España, el Gobierno va a dar 2.500 €. No dijo más. Ni cuándo lo aprobó el Gobierno, ni si se ha aprobado mediante un Decreto o forma parte de la Ley de Presupuestos. Bienvenidos sean los 2.500 euros. Es un reconocimiento expreso del déficit de política familiar. Pero lo que Ud. ha hecho hoy es electoralismo, no política familiar, utilizando la figura del cheque que tanto nos criticaron en la campaña del Parlamento de Catalunya. Por otra parte, la ayuda ¿era universal?, ¿se ayuda igual a la familia en la que trabaja la mujer que a la que no trabaja? Además, la política familiar no se acaba con el nacimiento. 

Cierto que tampoco lo han hecho los gobiernos anteriores. Pero ahora se necesitan más que nunca. Estamos viviendo procesos de transformación del estado clásico de bienestar social, y la familia es el principal motor y garante de una sociedad de bienestar social. Las sociedades son más fuertes cuanto más fuertes son las familias. El informe presentado por Cáritas de Catalunya hace escasamente un par de semanas pone en evidencia que a mayor desarticulación de la familia, mayor riesgo de exclusión social; la pobreza se feminiza cada vez más como consecuencia de las desestructuraciones familiares. La mujer y los niños están cada vez más amenazados por la pobreza.

 

Para recibir del Estado lo que recibe una pareja alemana con dos hijos, una familia española debería tener trece. En Luxemburgo, el Estado asume el 65% de los gastos de los hijos. En España, el 5%. Y esto era así esta mañana a las 12’00 y sigue siendo así tras el anuncio de los 2.500 euros. 

La familia es también una escuela de valores. Algo de lo que andamos necesitados. En la escuela y en la familia hay que reforzar los principios de autoridad y de respeto para que la libertad y la responsabilidad sean ejercidas mancomunadamente.

 

España –recurro otra vez a NNUU- es el país donde se consume más cocaína del mundo. Sería absurdo que simplificara la dimensión de este grave problema hasta el extremo de reducir exclusivamente su solución al ámbito de la familia. Pero más grave sería dejar que la noticia se pudra en las hemerotecas. La lucha contra la droga es una lucha contra poderosos que necesita la máxima atención y priorización por parte de los poderes públicos. Pero aquí también la escuela y la familia, una buena escuela y una familia fuerte y estructurada, son ingredientes básicos de una comunidad responsable que contribuya al rechazo del consumo de la droga.

 

Si la droga afecta singularmente a los jóvenes, no menos grave es la afectación de la siniestralidad en las carreteras. Conoce, Sr. Presidente, el esfuerzo decidido de Convergencia i Unió en el ámbito de la seguridad vial, en donde todo el esfuerzo es poco para dar respuesta efectiva a lo que sigue siendo la primera causa de mortalidad de nuestros jóvenes. Se ha aprobado el carnet por puntos y está en marcha una reforma del Código Penal para castigar la conducción temeraria, pero no podemos cargar toda la responsabilidad sobre el conductor.  

Es más, para que la sociedad valore nuestra voluntad de contribuir a la disminución de accidentes en carretera, de muertes y de secuelas para toda la vida, la administración debe asumir urgentemente, de acuerdo con lo que ha propuesto reiteradamente Convergència i Unió, medidas urgentes para mejorar el estado de nuestras carreteras. Convergència i Unió ha propuesto en más de una ocasión, y hoy lo reitera, que el dinero recaudado mediante multas y sanciones se utilice para invertirlo en la eliminación de puntos negros, eliminando los tramos de concentración de accidentes, y a una mejora y actualización de la señalización y de los límites de velocidad para que puedan ser creíbles, más respetados y contribuyan de manera efectiva a las políticas de seguridad vial.

 

El ciudadano no puede percibir al legislador como alguien que intenta prohibírselo todo, transfiriéndole toda la responsabilidad mientras la administración no ejerce la suya. Esa era una de las razones por las que Convergència y Unió pedía que se tramitase conjuntamente la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial y la destinada a tipificar con mayor rigor las bandas organizadas de delincuentes habituales. La sociedad quiere mayor libertad, y ésta pasa por garantizar mayor seguridad. En las carreteras sí, tratando como un delincuente a quien se lo merezca, pero tratando con mayor eficacia procesal y penal a aquellos delincuentes que atentan contra la seguridad de los hogares, ya estén éstos en cascos urbanos o en zonas residenciales o rurales. Lamentablemente no ha sido así y el Código Penal, en lo que a su reforma sobre bandas organizadas se refiere, queda aplazado a calendas griegas. 

Permítanme, Sr. Presidente, señorías, Sr. Presidente del Gobierno, que haga referencia a otros dos problemas graves que afectan principalmente a la juventud: la precariedad laboral y la vivienda. Hay que incentivar constantemente la seguridad en el trabajo y hay que fomentar nuevas políticas de vivienda. La Ley del Suelo no va a ser la varita mágica que permita soluciones milagrosas. El fomento del alquiler con medidas eficaces alejadas del peso burocrático de la Sociedad Pública del Alquiler y cambios legislativos -rechazados por Uds., IU y ERC– que den mayor seguridad y, por tanto, confianza ante el inquilino que incumple sus obligaciones contractuales se imponen cada día con mayor exigencia.

 

Los ciudadanos quieren algo distinto de lo que hoy les estamos ofreciendo en materias de alta sensibilidad. En ocupación, en seguridad, en vivienda pero también en otros ámbitos. Se nos pide y deberíamos dar, y así se lo propongo, Sr. Presidente del Gobierno, mayor atención a las enfermedades hasta ahora poco abordadas: celíacos, fibromialgia, fatiga crónica, psoriasis, colon irritable...  Hacer una apuesta para invertir más en investigación de las enfermedades raras, que así se denominan, porque una atención en este campo es la demostración de una sensibilidad para colectivos poco atendidos, prácticamente olvidados. Por cierto, esa Farmaindustria que pide diálogo está haciendo una apuesta potente sector público-sector privado en este terreno.

 

Muchas de estas propuestas son precisamente viables en su coste económico gracias a la marcha de nuestra economía. La economía crece y crea empleo desde hace ya 14 años. Es verdad lo que dijo hoy Sr. Presidente pero después le matizaré el alcance de esta observación. Además, tenemos unas finanzas altamente saneadas, de las más saneadas de la zona euro. Desde esta perspectiva el Sr. Solbes ha hecho bien en mantener la orientación de la política económica de los últimos lustros, sin sobresaltos y cambios de ritmo. Pero al mismo tiempo que resalto la bonanza quiero poner de manifiesto que nuestra economía es vulnerable, lo señalaba hace unos días un artículo en el Financial Times y lo han puesto de manifiesto diversos informes de la OCDE y otras instituciones internacionales. Los problemas que padecíamos en 2004 cuando usted asumió la presidencia del Gobierno y que en estos años no se han corregido, se han agrandado: tenemos un modelo de economía que crece más porque cada día hay más gente trabajando. El año 2006 cerró con un crecimiento del PIB del 3,9% y un aumento del número de ocupados del 4,1%. Este no es un modelo de crecimiento de país desarrollado. En 2004 la productividad de nuestra economía crecía lentamente y en la actualidad sigue creciendo lentamente, inferior al 1% anual. Hoy destinamos más presupuesto a innovación pero las empresas siguen alejadas de las políticas de I+D.

En 2003 tuvimos un déficit comercial exterior de casi 47.000 Millones de euros, en la actualidad alcanza prácticamente los 90.000 Millones de euros. En materia de Sociedad de la Información estamos estancados.  A lo largo de esta Legislatura el Gobierno ha sabido mantener las inercias positivas que mantenía la economía española, pero en general no ha sabido corregir las negativas: productividad, innovación, déficit exterior. La única excepción ha sido la inflación, que ha mejorado. Fíjese que los aspectos negativos de nuestra economía que le destaco pueden quedar perfectamente disimulados bajo el manto de bonanza económica que nos otorga el crecimiento del PIB, la creación de empleo o el superávit presupuestario, pero en un horizonte a tres o cuatro años, y a medio y largo plazo, constituyen amenazas capaces de paralizar el país durante más de una generación. Estamos en una economía global y no se admiten distracciones, los errores de hoy conllevarán paro mañana. En este contexto, corresponde incorporar ya algunos cambios estructurales de orientación. Se las enumeraré, Sr. Presidente: 

 

Primero: en el ámbito de la Estabilidad presupuestaria, apostamos por el déficit cero, no apostamos por el superávit. Únicamente consideramos necesario continuar con el superávit en el caso de la seguridad social. Apostamos por el incremento de la inversión, no apostamos por reducir más la deuda pública. (España junto a Finlandia e Irlanda son los países menos endeudados de la Zona euro, no tiene sentido seguir reduciendo el endeudamiento cuando tenemos enormes déficits de inversión en infraestructuras, en investigación, que en absoluto tiene Finlandia y otros países europeos). 

 

Segundo: en inversión, dado el entorno globalizado, las infraestructuras (inversión) y las telecomunicaciones (la sociedad en red) marcan buena parte de las diferencias de competitividad. Ni en lo uno ni en lo otro su Gobierno ha dado un impulso a nuestra sociedad. En telecomunicaciones y sociedad de la información nuestra situación es parecida. El Plan AVANZA, avanza poco, según la OCDE estamos en el puesto 21 de entre los países miembros, exactamente el mismo que cuando usted formó Gobierno, una posición que no se corresponde con la importancia de nuestro PIB (el octavo de la OCDE) 

 

Tercero: en política de Internacionalización, cuando el sector motor de la economía española de los últimos años ha venido siendo el sector de la construcción de manera continuada, la competitividad internacional de otros sectores como el industrial quedaba relegada a un segundo término, pero en este momento la construcción desacelera su ritmo de crecimiento y corresponde a la industria y a otros sectores coger el relevo. ¿Cómo puede coger este relevo sin un decidido impulso a la internacionalización y a la mejora de la balanza comercial exterior? Sinceramente, ¿considera el Presidente del Gobierno que ha impulsado una política de apoyo a la competitividad exterior de nuestra economía a lo largo de la legislatura? El balance en este ámbito es pobre, muy pobre y en cambio el crecimiento de nuestra economía en el próximo lustro en buena parte depende de ello. 

 

Cuarto: en política de I+D, uno de los compromisos que más aplaudimos en el Debate de Investidura fue el de incrementar anualmente los presupuestos destinados a I+D en un 25% anual. Este compromiso lo ha cumplido, sin embargo no estamos satisfechos de la política global en I+D que han impulsado y de sus resultados. Urge que la mayor inversión en I+D derive a corto plazo en resultados ¿Por qué razón el número de nuevas patentes es tan escaso en nuestro país? Por otra parte, el incremento presupuestario en buena parte se ha canalizado a través del capítulo 8, es decir a través de préstamos sin interés o con un tipo de interés bajo, que tarde o temprano se deben retornar.

 

Quinto: en política fiscal, nuestro Grupo Parlamentario no es partidario de sobresaltos en política fiscal, pero en estos momentos es necesario iniciar una profunda y paulatina reorientación de nuestra política fiscal con dos objetivos: que sea “realmente” más justa (he dicho “realmente”, no he dicho “nominalmente”, hay diferencias) y que favorezca un margen más amplio para las familias, especialmente para las clases medias; y en el ámbito de las empresas, más creación de empleo y crecimiento económico, que es la base de cualquier estado del bienestar. Le recuerdo nuestras propuestas. Creemos que los Impuestos sobre la Renta y sobre Sociedades deben seguir reduciéndose. El de la renta, porque determina la fiscalidad de las personas y de las familias. El de sociedades, porque estamos obligados a competir con la fiscalidad de otros países europeos. Sr. Presidente, ¿hasta cuándo piensa mantener el Impuesto sobre el Patrimonio? Ud. sabe que es un impuesto al ahorro y esto es una barbaridad. Sólo tres países de los veintisiete que componen la Unión Europea lo mantienen en vigor y ninguno mantiene gravámenes tan altos como España. ¿Hasta cuándo, Sr. Presidente? Hay que abrir un debate sobre el Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es evidente que en el caso de la vivienda habitual y entre padres e hijos, con unas ciertas cuantías, el impuesto no tiene sentido. Además la competencia territorial con este impuesto ha tergiversado sus objetivos. Por otra parte, año tras año los ingresos recaudados superan a los presupuestados, ello da margen para la progresiva reducción de algunos impuestos y, si el margen se agota, el IVA tiene recorrido para modular la reorientación fiscal. 

 

Sexto: En el terreno laboral, hay que hablar de reforma laboral y formación. La inversión productiva y el componente laboral son los dos elementos decisivos cuando hablamos del bajo crecimiento de la productividad en la economía española. Y en el ámbito estrictamente laboral, es la formación el componente decisivo. Durante esta Legislatura el Gobierno ha dado prioridad al acuerdo social, objetivo que compartimos, pero ha sido escasamente dinámico y ambicioso en las propuestas que ha planteado a sindicatos y patronal.

 

Dejo para el final tres ámbitos en los que Convergencia i Unió reclama del gobierno, pero también del conjunto de la cámara, y principalmente del primer partido de la oposición, sentido de Estado. El primero de ellos es el referido a la política a llevar a cabo ante la inmigración extranjera. En el mes de agosto va a cumplirse un año de la presentación de una iniciativa legislativa que presenté reclamando un pacto de Estado pilotado por el gobierno. Sólo podemos tener el número de inmigrantes que podamos integrar. No podemos acoger a todo el mundo. España no es un puerto franco. La inmigración extranjera es un problema para muchos ciudadanos. Lo es para quienes viven junto a un piso patera, lo es para quienes ven afectado su derecho a escoger una escuela, lo empieza a ser para quienes perciben que quedan excluidos de determinadas políticas sociales condicionadas a ingresos muy bajos. Estamos ante una nueva oleada de inmigración producida por la reagrupación familiar… Por las fronteras siguen llegando inmigrantes ilegales. Es cierto que se ha avanzado en el ámbito de la expatriación y que Frontex ha empezado a ser una realidad. Pero todo es poco. Necesitamos ponernos de acuerdo y cuanto antes mejor en un gran pacto que evite utilizar la inmigración extranjera como arma arrojadiza. Y el gobierno debe retomar su iniciativa política en este ámbito. La respuesta a la inmigración extranjera no pasa por ser tratado simplemente como un problema de seguridad, pero tampoco de hacerlo sólo como una cuestión de política social. Desde la democracia debemos ser capaces de dar la respuesta que la ciudadanía espera y evitar que la demagogia, la xenofobia y el racismo se conviertan en el asidero de quienes sienten, en primera persona, la inmigración como un problema.

 

Expresamente no he hecho referencia a la política europea. Mantuvimos un debate específico la semana pasada y me ha parecido innecesario. Seguimos, en cambio, expresando posiciones críticas con el posicionamiento del gobierno en algunos ámbitos: Cuba, Venezuela. Nos gustaría disponer ya de un proyecto en el que se regulase el servicio exterior y mucho me temo que vamos a acabar la legislatura sin él. Se han incrementado los recursos y acciones en el ámbito de la cooperación internacional, más que nunca necesaria para actuar sobre las raíces de la inmigración extranjera. Pero hay que ir a nuevos mecanismos de transparencia como elementos clave de la cooperación al desarrollo y reformar la Agencia de Cooperación, en tanto instrumento inadecuado para gestionar el volumen de recursos presupues

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JORDI PUJOL...Artur Mas y Durán Lleida.
Por Rafael del Barco Carreras
He oído que enfadado con Artur Mas y Antoni Durán Lleida les amenaza con volver a tomar las riendas. Podría presentarse a las elecciones con ...JAVIER DE LA ROSA, de Conseller de Desarrollo, Juan Piqué Vidal en Justicia, de Presidente del futuro Poder Judicial en Cataluña a Luis Pascual Estevill, y para consellé de la especial sección "Coordinaciones delincuenciales" a Antonio, el hermano mayor de Javier, al que también pagó la Generalitat sin trabajo conocido...y unos cuantos que personalmente me afectaron menos, como Masiá Alavedra, Prenafeta, Farreras, Alegre, Cullell, Romá, Subirá, Oller, Hortalá...etc...etc... y tantos amigos de Javier y Piqué Vidal que formaron el "Club de los Mentirosos" según el piadoso título de la biografía sobre Pascual Estevill, escrita por el periodista de El Mundo Félix Martínez...
ver www.lagrancorrupcion.com

Publicat per Rafael del Barco Carreras 08 Oct 2007, 17:25

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Com se li diu al dia 25 de desembre: