AMIGOS DE BADAJOZ EXIJE QUE SE EJECUTE
LA SENTENCIA DE BIBLIOTECONOMÍA
La Asociación Amigos de Badajoz
exige públicamente que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ejecute
de inmediato la Sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena al
Ayuntamiento de Badajoz a derribar las obras ilegales promovidas y realizadas
en el antiguo Hospital Militar por la Junta de Extremadura para la Facultad de
Biblioteconomía y la Biblioteca Regional.
CRONOLOGÍA DE LOS
HECHOS
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El 10 de noviembre de 2000, y después de múltiples
reuniones con Junta y Ayuntamiento para que se paralizase la obra de
Biblioteconomía en el interior de la Alcazaba árabe de Badajoz cuando aun era
solo una estructura, porque resultaba a todas luces ilegal, Amigos de Badajoz
denuncia las obras ante los tribunales.
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El 24 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura anula la Licencia de Obras de la construcción por no
estar ajustada al ordenamiento jurídico, o sea, por ser ilegal, falla en contra
de Junta y Ayuntamiento, y condena a la Corporación Local a la restauración de
los Bienes del Patrimonio Histórico a la situación existente con anterioridad a
las obras autorizadas con la licencia impugnada.
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Ante esta sentencia la Junta declina recurrir y el
Ayuntamiento recurre ante el Tribunal Supremo. El 26 de octubre de 2006 este
tribunal desestima el recurso y se ratifica en la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el año 2003, en la que las
obras ilegales realizadas en el interior de la Alcazaba, declarada Bien de
Interés Cultural, deben ser demolidas. El mismo tribunal deja entrever que
desde el punto de vista de la Ley de Patrimonio también se ha incumplido la
legalidad, algo que es totalmente evidente.
Ante esta sentencia ya no cabe recurso alguno.
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El 19 de febrero de 2007 la Asociación Amigos de
Badajoz solicita la Ejecución Forzosa de la sentencia, debiendo adoptar el
tribunal las medidas necesarias encaminadas a lograr la efectividad de lo
mandado por el Supremo.
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En el mismo mes de febrero el Ayuntamiento de Badajoz
solicita Suspender la Ejecución de la Sentencia ante el tribunal y, mediante
una “burda maniobra”, pretende con la solicitud de aprobación del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Badajoz intentar “legalizar” a
posteriori unas obras que son “ilegales”.
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El 12 de abril de 2007 el Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura solicita a la Agencia Extremeña de Vivienda y Urbanismo de la
Junta que le informe sobre el estado de tramitación del Plan de Urbanismo de
Badajoz, accediendo de esta forma a la manipulación pretendida por el
Ayuntamiento.
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Ante esta respuesta del Tribunal, que nos parece una
auténtica burla a la justicia y a los ciudadanos, la Asociación Amigos de
Badajoz ha enviado escritos a la Dirección General de Urbanismo y a la
Dirección General de Patrimonio de la Junta advirtiendo de las irregularidades
del nuevo PGOU que se pretende aprobar.
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También nos hemos dirigido al Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura exigiendo que se cumpla la sentencia firme dictada y
que la Junta envíe urgentemente el informe requerido por el tribunal,
advirtiendo de que la Junta es parte de este proceso judicial y, aunque no está
obligada a ejecutar materialmente la sentencia, tampoco ha mostrado interés en que
la misma se ejecute.
Por todo lo expuesto la
Asociación Amigos de Badajoz quiere dejar claras las siguientes
consideraciones:
1.- Nos preguntamos qué tiene que
ocurrir en este país para que una institución pública cumpla una sentencia del
Tribunal Supremo de España. Estamos convencidos de que si la sentencia fuese
contra las obras ilegales de un particular es seguro que la justicia ya la
habría ejecutado.
¿Por qué no se actúa igual cuando
se trata de una institución?
¿La ley está hecha para que todos
la cumplamos o solo los ciudadanos de a pie debemos acatarla, quedando exentas
las instituciones?
2.- Exigimos al Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura que cumpla inmediatamente la Ejecución de la
Sentencia. No hacerlo sería un auténtico fraude a la justicia y a los
ciudadanos, una auténtica burla a las leyes y al estado de derecho en un país
civilizado.
3.- ¿Qué sentido tiene que el
Tribunal espere a ver si mañana, pasado mañana, o dentro de dos meses se
aprueba un nuevo Plan Urbano que intenta burlar la ley y legalizar de tapadillo
unas obras ilegales? ¿Dónde está la justicia en todo esto? ¿Dónde la
independencia del poder judicial que garantiza a los ciudadanos sus derechos y
el cumplimiento de las leyes?
4.- ¿Cómo puede un Tribunal
Superior de Justicia, que tiene una sentencia clara y firme del Supremo que
cumplir, y que tiene que atenerse a la ley que hay vigente en estos momentos,
esperar a un posible Plan de Ordenación Urbana que se aprobará en el futuro,
sin que ningún fundamento legal pueda apoyar hoy esta postura?.
5.- Hay que aclarar que la
ejecución de la sentencia no es la demolición indiscriminada de
Biblioteconomía, sino la restauración de la legalidad urbanística infringida,
lo que no implica la desaparición de la biblioteca y la facultad en este lugar,
sino su revitalización sujeta a la
legalidad vigente.
6.- En un bochornoso espectáculo
el Ayuntamiento, ante la sentencia firme, argumenta que con el nuevo PGOU
Biblioteconomía “Podrá ser legalizada”, “Será plenamente legalizable”. Cómo se
pueden justificar ante los ciudadanos estas vergonzosas afirmaciones; que
cuando una sentencia perjudica a una institución, en lugar de cumplirla,
dice.., espere un momento que voy a cambiar la normativa y las leyes para
“intentar legalizar lo que es ilegal” y así no cumplo la sentencia. El Tribunal
debe resolver sobre los hechos actuales, no sobre hipótesis de futuro que
suponen burlar a la justicia y tomar por tontos a los ciudadanos.
7.- Pensemos que el Tribunal
espera y se aprueba el nuevo PGOU. La Alcazaba quedaría protegida tal como está
y el cubo de hormigón blanco y el resto de los edificios ilegales no solo
serían legales, sino que tendrían la misma protección que la mismísima Torre de
Espantaperros. O sea, lo que ayer debía ser derribado por ilegal hoy está
protegido por la ley. Esto no solo resultaría paradójico, sino una vergüenza,
una falsedad, un insulto al sentido común y un esperpento. Es por ello por lo
que el nuevo PGOU, y más concretamente el Plan Especial del Casco Histórico, no puede ser aprobado así. Es meridianamente
claro que la Alcazaba quedaría protegida, pero con dos edificios nuevos sobre
los que pesa una sentencia de demolición por ilegalidad que hay que cumplir.
Por todo ello, el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura tiene la obligación moral y legal de pedir
la Ejecución Forzosa de la Sentencia y demostrar la independencia del Poder
Judicial. Lo contrario sería una injustificable dejación de funciones, un
fraude a la ley y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
Antonio Manzano
Marchirant
Presidente de la
Asociación Amigos de Badajoz
Badajoz a 28 de abril
de 2007
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