España está viviendo una encrucijada histórica que reclama una actualización y modernización de sus categorías políticas e institucionales. A la crisis económica que estamos sufriendo se añaden, con preocupante celeridad, una fractura social cada vez más angustiosa para cientos de miles de personas y un descrédito político y de las instituciones representativas que puede lesionar gravemente las bases de nuestra democracia. La implosión del modelo autonómico tensionado por el pulso soberanista del nacionalismo catalán y por las posiciones re centralizadoras, han reabierto también otro de los grandes ejes del debate político en España.
No podemos olvidar además, el contexto de cambios profundos que se han venido produciendo desde que diseñamos y configuramos nuestro marco constitucional. La entrada en la Unión Europea; la globalización de la economía, de las finanzas y de los mercados; la revolución tecnológica y cultural de Internet; los avances en la igualdad entre mujeres y hombres; la crisis económica; los fenómenos migratorios y tantos otros cambios, en múltiples planos de nuestra vida colectiva. Por otra parte, tenemos que examinar y reformar lo que no funciona bien: el servicio público de la justicia, las ineficacias o las duplicidades de la Administración pública, el Derecho a la información o la crisis de la cultura.
El Título Primero de nuestra Constitución, que regula los derechos y deberes fundamentales, ha configurado y sigue configurando un extraordinario marco de convivencia de los españoles, respetuoso con la pluralidad de sus creencias, convicciones y proyectos o aspiraciones vitales. Pero acusa irremisiblemente el transcurso del tiempo. La experiencia acumulada en estos 34 años nos ha de servir para completar y renovar una declaración de derechos, que en su momento se situó entre las más avanzadas del mundo, garantizando la protección constitucional de nuestro sistema social, incorporando la sanidad como derecho fundamental y reforzando la igualdad entre mujeres y hombres. En estos años se han abierto paso un conjunto de derechos emergentes, que responden a la necesidad de proteger la dignidad humana frente a nuevas amenazas, riesgos y desafíos. El catálogo no está cerrado, sino que se halla en permanente evolución.
Nuestra democracia sufre además un grave problema de desafección ciudadana. Sobre la base de un malestar democrático, bastante extendido en Europa y EEUU, en nuestro país se ha producido una concatenación de acontecimientos que han llevado a nuestras instituciones a las más bajas cotas de aprecio ciudadano.
Avanzar en la calidad de la democracia, exige mejorar el funcionamiento, la transparencia y la apertura de los partidos políticos, abordar reformas de nuestro sistema electoral para dar más poder a los ciudadanos, reformar el sistema parlamentario para reforzar la función legislativa, el control del gobierno y la autonomía de la política, incorporar más transparencia a la administración pública, etc.
Todo este conjunto de retos obligan a incorporar una Agenda Reformista para España, que incluye una revisión concreta, serena y prudente de nuestro marco constitucional.
En concreto, treinta y cinco años de Estado autonómico han puesto de manifiesto la necesidad de adecuar las previsiones constitucionales sobre la organización territorial del Estado. En particular, esta adecuación se ha hecho especialmente necesaria a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 y más en concreto, de los problemas de desarrollo del autogobierno, la financiación y el marco general de relaciones entre Cataluña y el resto de España y del camino hacia el soberanismo recientemente iniciado por el Govern de la Generalitat.
Sin embargo, el reconocimiento de esta situación requiere la propuesta de soluciones constructivas, la recuperación del diálogo y la confianza mutua.
Si somos consecuentes con esta oferta de resolver a través del diálogo, la negociación y la política estos problemas, tenemos que ser también consecuentes con la necesidad de abordar reformas serias en nuestro marco constitucional autonómico. El PSOE apuesta por avanzar hacia un modelo federal y considera que esta reforma, en este campo, tiene que abordar, entre otros, los siguientes objetivos: buscar una clara implicación de las Comunidades Autónomas en la gobernabilidad conjunta, con la necesaria reforma del Senado y la potenciación de mecanismos de cooperación multilateral; proponer una clarificación de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y definir constitucionalmente el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados acuerda la creación, mediante los procedimientos reglamentarios oportunos, de una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, para iniciar los trabajos preparatorios de una reforma de nuestra Constitución, que aborde los problemas planteados en la justificación de esta propuesta.PARLAMENTARIO
multilateral; proponer una clarificación de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y definir constitucionalmente el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados acuerda la creación, mediante los procedimientos reglamentarios oportunos, de una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, para iniciar los trabajos preparatorios de una reforma de nuestra Constitución, que aborde los problemas planteados en la justificación de esta propuesta.
Aquesta proposta també s’ha discutit al Congrés aquesta setmana però ha tingut poc ressò malgrat la importància que té
