La supresión de ayudas a la VPO dejará colgadas a 2.100 familias
Muchos hogares tarraconenses verán ascender su cuota de 90 a 200 euros. Alertan del peligro de nuevos desahucios
Algunos alertan de que la supresión de la ayuda repercutirá en más desahucios de hogares. Foto: Pere Ferré
La vivienda vuelve a sufrir otro varapalo. Más de 2.000 familias en la provincia se quedarán sin las ayudas estatales que daba el Gobierno de España a aquellos que residían en una vivienda de protección oficial. Se estima que en España podría haber cerca de 300.000 afectados por la eliminación de estas subvenciones, algo que complicará aún más la situación de las familias: muchas de ellas verán incrementada su cuota hipotecaria hasta en 400 euros al mes, aunque en general el aumento podría oscilar entre los 90 y los 200 euros. Y lo que es peor: vuelve a sobrevolar la amenaza de un repunte de los desahucios debido a este recorte, muy criticado tanto por oposición como por la propia ciudadanía, cuya queja se ha cristalizado ya en la creación de algunas plataformas.
Fomento del alquiler
Estas ayudas suponían una subvención a una parte proporcional de la cuota mensual de la hipoteca de una VPO. Aprovechando la reforma de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, el Gobierno ha dado el estoque definitivo al apoyo de la compra de VPO. Si bien la medida va acorde con las políticas de fomento del alquiler que están empezando a aplicar las administraciones –la Generalitat es otro ejemplo–, las voces críticas se ceban sobre todo con dejar sin efecto las prórrogas e interrumpir esos pagos con los que muchas familias contaban, como explica Joan Ruiz, diputado por Tarragona del PSC en el Congreso: «Cada caso es diferente. A una persona le pueden quedar cinco años de hipoteca, a otra diez… Cada plan tenía unas condiciones distintas y el Estado pagaba parte de esas hipotecas. Hablamos de gente que no está en una situación boyante. Son familias humildes, con pocos ingresos, que en Tarragona se pueden ubicar en Campclar o Torreforta. Toda la primera parte de Sant Pere i Sant Pau fue de protección oficial».
Ruiz alerta de la dimensión del problema: «Es algo que ha pasado desapercibido pero que afecta a mucha gente y lo empezaremos a ver. Habrá un goteo constante de casos, sobre todo entre la clase media y baja. Por poner un ejemplo: alguien que paga ahora unos 400 euros de hipoteca, puede pasar a pagar 550».
Ayudas en peligro
Los beneficiarios de Tarragona han ido creciendo a medida que se iban aplicando nuevos planes. Al Plan 98-2001 se acogieron 68 personas, 351 en el 2002-2005, 1.130 en el plan estatal 2005-2008 y 600 en el 2009-2012. En total, 2.149 familias que verán en peligro su ayuda. «Es un derecho que estaba reconocido por los planes de vivienda de gobiernos anteriores y que ahora ha desaparecido de un plumazo», dicen fuentes socialistas.
El Gobierno ya había eliminado, a través del Real Decreto-20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, la subsidiación de los créditos para la compra de viviendas de protección oficial en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, incluidas las que estaban en tramitación y no hubieran sido objeto de concesión por parte de la comunidad autónoma. Sin embargo, ahora da una nueva vuelta de tuerca y suprime también las ayudas que ya tenía concedidas y venía pagando con regularidad. «El Gobierno no aclaró –continúan fuentes socialistas– si se podrían prorrogar las ayudas de planes anteriores, pero a través de la Ley del alquiler, han hecho un nuevo recorte y dan un nuevo revés a los ciudadanos que tenían reconocida la subsidiación de los préstamos para la compra de VPO».
La disposición adicional segunda de la norma establece que se mantenían las ayudas de sub-sidiación de préstamos convenidos reconocidas antes del 15 de julio de 2012, siempre que contaran con el beneplácito del Ministerio de Fomento.
Sopresa entre hipotecados
Sin embargo, la sorpresa para los hipotecados de VPO con este tipo ayudas a la compra llegó al seguir leyendo la nueva normativa: «No se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda», recoge el texto.
Eso supone que las familias que tenían reconocida la subsidiación de los préstamos para la compra de vivienda no podrán ya optar a prorrogarlos otros cinco años más. Algunos ciudadanos afectados por la medida han empezado a reclamar ante la denegación de prórrogas de unas ayudas que ya tenían concedidas previamente.
Desde el sector de la construcción y la promoción de la vivienda en Tarragona, se denuncia que la supresión sea con carácter retroactivo, como indica por ejemplo Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores del Tarragonès: «Es coherente que haya una restricción importante en los próximos planes de vivienda, porque tiene que haber una mejor gestión y un fomento del alquiler. Eso sí, entiendo que a quien le quiten la ayuda que ya tenía aprobada podrá recurrir. Se ha acogido un derecho que no le pueden quitar de la noche al día, y además con una planificación que no le pueden desmontar».
En esa línea opina también Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la URV y experto en vivienda: «A veces las ayudas están sujetas a disponibilidad presupuestaria. Ahora no tiene sentido esa subsidiación de compra pero no puede ser que un gobierno impugne lo que aprobó el anterior».
Las entidades de barrio ven en la circunstancia un nuevo recorte que afecta a los más débiles. «Aquí vive mucha gente humilde, y casi la mitad de las viviendas son de protección oficial», cuenta Manuel Pelado, presidente de la Asociación de Vecinos La Cuarta, de Campclar. «La VPO es para personas con recursos limitados y ahora serán ellos los que vuelvan a padecer», explica Antoni Peco, presidente de la asociación vecinal de La Floresta.
El PSOE registró una Proposición no de ley para su debate en el Congreso, en la que se insta al Gobierno a derogar de forma inmediata los apartados del Real Decreto que eliminan las ayudas de subsidiación
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