Camps ordena el cierre inmediato de las emisiones de TV3 en València La Generalitat valenciana ordenó ayer el «cese inmediato» de las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana, e impuso una multa de 300.000 euros a Acció Cultural del País Valencià (ACPV), como responsable de una infracción «muy grave» de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
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La Dirección General de Promoción Institucional de la Generalitat notificó ayer a ACPV la resolución del expediente sancionador abierto el pasado mes de enero contra esta entidad por las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana. La Generalitat concluyó que ACPV es responsable de una infracción «muy grave consistente en la prestación en régimen de gestión indirecta de servicios de televisión por ondas terrestres sin la preceptiva concesión administrativa», por lo que le impuso una multa de 300.000 euros.

La resolución señala que la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones prevé para estas infracciones multas de entre 60.000 y un millón de euros, y en el caso de ACPV la fijó en 300.000 euros teniendo en cuenta el ámbito de cobertura de las emisiones, que supera el millón de habitantes.

Además, la Administración autonómica ordenó el cese inmediato de estas emisiones, y advirtió de que, si no se pone fin a las mismas de manera voluntaria, se procederá a la ejecución forzosa de esta medida, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 30/1992.

En una resolución anterior, la Generalitat valenciana adoptó como medida provisional el cierre de estas emisiones mientras se aclaraban los hechos y se determinaban las responsabilidades que se derivan de ellos, si bien ahora elevó a definitiva esa medida.

Contra esta resolución cabe recurso ante la secretaría autonómica de Relaciones con el Estado y Comunicación en el plazo de un mes, que ACPV anunció que interpondrá, y en el caso de que se desestime lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia.

Acció Cultural afirmó que el Consell «no tiene competencia ni capacidad sancionadora sobre los canales por donde emite la televisión pública catalana», que son «propiedad del Estado», y consideró que esta medida es «únicamente política», y con ella el PP «insiste en su particular cruzada contra libertades y derechos fundamentales» de los valencianos.