Inmigrantes: ¡que vengan! JUAN ANTONIO HERRERO BRASAS
Publicado en EL MUNDO (05-03-05)
Pese a las duras críticas que, desde ciertos sectores, están siendo lanzadas contra el Gobierno de Zapatero por el actual proceso de regularización de inmigrantes, el hecho indudable es que éste constituye la única opción realista y sensata que quedaba para dar salida a una compleja situación humana, social y hasta económica que, de otro modo, habría desembocado en drama y catástrofe.
La alternativa al proceso de regularización no era más que el paulatino estrangulamiento social, económico y, en definitiva, humano de cientos de miles de personas. Además, claro, del recurso a la acción policial. Pero la acción policial bien sabemos que sólo es complementaria. No tenemos policías suficientes ni medios de ningún tipo para detener y expulsar a un millón de personas.E incluso si eso fuera posible, para llevar a cabo tal redada habría que recurrir a métodos más propios del nazismo que de un sistema verdaderamente democrático. Además, teniendo otros problemas más apremiantes, como tenemos, sería demencial dedicar los relativamente escasos recursos de seguridad ciudadana con que contamos a cazar a personas que no han cometido ningún delito propiamente hablando.
Un proceso de estrangulamiento social y acoso policial requiere, entre otras cosas, una extraordinaria dosis de indiferencia al sufrimiento humano, algo de lo que hacen gala los gobiernos de ciertos países que se dicen democráticos, pero no es característico de la política de nuestro país, y mucho menos de un Gobierno de izquierdas. Pero incluso con independencia de estas consideraciones, el hecho es que mantener una bolsa de cientos de miles de inmigrantes ilegales sin perspectivas de regularización no es, en última instancia, más que apostar por un estallido de la delincuencia.
En España, la vacuna histórica del franquismo hace que se haya generado en la opinión pública un sistema inmunológico que reacciona duramente ante cualquier signo de inflexibilidad, autoritarismo e inhumanidad en la acción política. Por eso, a diferencia del terrible elitismo que caracteriza, por ejemplo, al mundo político francés, nuestros políticos por lo general tienden a ser más permeables, más sensibles a la opinión pública, lo que a su vez refuerza el papel de esta última, como debe ser en una democracia.
La inmigración le ha venido a España como agua de mayo, agua en un país asolado por una sequía cultural, resultado de nuestro secular aislamiento. Otros países en los que llueve más a lo mejor necesitan que escampe, pero aquí necesitamos que siga lloviendo.En otros países, la inmigración masiva ha contribuido beneficiosamente al desarrollo económico y a colocarnos en primera línea en los frentes culturales y tecnológicos. España necesita nueva sangre, nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas que se combinen con las formas culturales autóctonas para dar lugar a nuevos estilos y a un nuevo modo de pensar y de hacer. Y, por lo que respecta a lo económico, no hay que perder de vista que el extraordinario descenso en la tasa de desempleo, que ha bajado de casi un 24% en 1996 a poco más de un 10% en la actualidad, por debajo de Bélgica y Alemania, se ha producido directamente en paralelo con la entrada masiva de inmigrantes. La inmigración ha traído riqueza y ha contribuido a generar empleo.
También desde una perspectiva estrictamente económica no olvidemos lo obvio, que un español desde que nace hasta que se hace productivo acarrea un coste considerable para la sociedad, mientras que un inmigrante es un valor cuyo coste de preparación ha recaído sobre otra sociedad y que a nosotros se nos entrega gratuitamente, y además generalmente en su momento óptimo. No es cuestión de dilucidar aquí si tal trasvase es justo para la sociedad que lo ha formado, pues tendríamos que entrar en disquisiciones filosóficas sobre la libertad humana y el derecho del individuo a determinar su vida y su futuro. Por lo que a nosotros respecta, nuestro cometido deber ser facilitar en todo lo posible su integración, de modo que se produzca un mutuo enriquecimiento. Y en este sentido son aún muchas las vías que se pueden flexibilizar y explorar. Por ejemplo, se deberían eliminar ciertas restricciones y discriminaciones por nacionalidad que el anterior Gobierno impuso en su tímido programa de reclutamiento condicional de extranjeros para las Fuerzas Armadas.
Por toda una serie de razones -entre ellas nuestra tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo- un flujo inmigratorio bien ordenado es una auténtica bendición para España, tanto a corto como a largo plazo. «Bien ordenado» en este contexto significa, entre otras cosas, lo que ha hecho el actual Gobierno: poner en marcha un proceso de regularización en el momento adecuado. Hay que tener presente que la inmigración no se puede regular del modo que se regula el tráfico. Es un fenómeno que exige un planteamiento y un tratamiento esencialmente diferentes de los que se aplican a otras cuestiones sociales. Se alega que los procesos de regularización tienden a ejercer un efecto llamada y que lo que se consigue a la larga es atraer más inmigrantes sin papeles. Como ya he indicado, la alternativa a ese posible efecto llamada no es otra que una política represiva e inhumana. Convenzámonos de que, de un modo o de otro, los inmigrantes no van a dejar de llegar, como no han dejado de entrar en países como Estados Unids, donde se han ensayado todo tipo de políticas inmigratorias y donde periódicamente se producen procesos de regularización (amnistías es como ellos los denominan) sin darle al asunto la carga de dramatismo que se le da en España. España es un país de libertades y de futuro. Ese es el auténtico efecto llamada. A ver cómo se elimina.
El tratamiento ordenado de la inmigración requiere, como es lógico, establecer determinadas restricciones, pero también exige la flexibilidad y la inteligencia suficientes como para darse cuenta de que nos encontramos ante un fenómeno de dimensiones históricas y de ramificaciones globales que van más allá de lo que un Gobierno nacional puede aspirar a controlar (aunque siempre tenga la opción de ignorarlo recurriendo a medidas represivas). Dicho de otro modo, tan necesario es aplicar debidamente la legislación vigente de inmigración como llevar a cabo procesos periódicos de regularización.Además, siempre que no se constaten condiciones laborales abusivas, no conviene aplicar penalizaciones desproporcionadas a los empresarios que dan trabajo a indocumentados, pues el empresario, especialmente si es un inmigrante que contrata a compatriotas suyos, está en su derecho a alegar objeción de conciencia: no se puede exigir a nadie que asista impasible al sufrimiento ajeno, especialmente cuando éste llega a situaciones extremas.
Aún sin olvidar que en su gran mayoría los inmigrantes no vienen a delinquir sino, muy al contrario, a dar lo mejor de sí, es un hecho innegable que en las cárceles españolas un número desproporcionado de reclusos es extranjero. Ello apunta a que en un planteamiento ordenado de la inmigración también debe haber un elemento de discriminación: política flexible y humanitaria hacia quien viene a trabajar y a hacer una contribución positiva y expulsiones expeditivas para quienes vienen a delinquir.
Un país que quiere desempeñar un papel de primera línea tiene que tratar los retos que le presenta la Historia con imaginación y audacia, sin caer en la tentación de aplicar soluciones fáciles pero represivas (para las que no hace falta ninguna imaginación). La Historia no se puede parar. Hay que ir con ella, no contra ella. Por eso nuestra respuesta a la entrada de inmigrantes, dentro de un orden flexible, debe ser un contundente sí. ¡Que vengan! Y cuantos más, mejor.
Juan A. Herrero Brasas es profesor de Etica Social en la Universidad del Estado de California
Pese a las duras críticas que, desde ciertos sectores, están siendo lanzadas contra el Gobierno de Zapatero por el actual proceso de regularización de inmigrantes, el hecho indudable es que éste constituye la única opción realista y sensata que quedaba para dar salida a una compleja situación humana, social y hasta económica que, de otro modo, habría desembocado en drama y catástrofe.
La alternativa al proceso de regularización no era más que el paulatino estrangulamiento social, económico y, en definitiva, humano de cientos de miles de personas. Además, claro, del recurso a la acción policial. Pero la acción policial bien sabemos que sólo es complementaria. No tenemos policías suficientes ni medios de ningún tipo para detener y expulsar a un millón de personas.E incluso si eso fuera posible, para llevar a cabo tal redada habría que recurrir a métodos más propios del nazismo que de un sistema verdaderamente democrático. Además, teniendo otros problemas más apremiantes, como tenemos, sería demencial dedicar los relativamente escasos recursos de seguridad ciudadana con que contamos a cazar a personas que no han cometido ningún delito propiamente hablando.
Un proceso de estrangulamiento social y acoso policial requiere, entre otras cosas, una extraordinaria dosis de indiferencia al sufrimiento humano, algo de lo que hacen gala los gobiernos de ciertos países que se dicen democráticos, pero no es característico de la política de nuestro país, y mucho menos de un Gobierno de izquierdas. Pero incluso con independencia de estas consideraciones, el hecho es que mantener una bolsa de cientos de miles de inmigrantes ilegales sin perspectivas de regularización no es, en última instancia, más que apostar por un estallido de la delincuencia.
En España, la vacuna histórica del franquismo hace que se haya generado en la opinión pública un sistema inmunológico que reacciona duramente ante cualquier signo de inflexibilidad, autoritarismo e inhumanidad en la acción política. Por eso, a diferencia del terrible elitismo que caracteriza, por ejemplo, al mundo político francés, nuestros políticos por lo general tienden a ser más permeables, más sensibles a la opinión pública, lo que a su vez refuerza el papel de esta última, como debe ser en una democracia.
La inmigración le ha venido a España como agua de mayo, agua en un país asolado por una sequía cultural, resultado de nuestro secular aislamiento. Otros países en los que llueve más a lo mejor necesitan que escampe, pero aquí necesitamos que siga lloviendo.En otros países, la inmigración masiva ha contribuido beneficiosamente al desarrollo económico y a colocarnos en primera línea en los frentes culturales y tecnológicos. España necesita nueva sangre, nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas que se combinen con las formas culturales autóctonas para dar lugar a nuevos estilos y a un nuevo modo de pensar y de hacer. Y, por lo que respecta a lo económico, no hay que perder de vista que el extraordinario descenso en la tasa de desempleo, que ha bajado de casi un 24% en 1996 a poco más de un 10% en la actualidad, por debajo de Bélgica y Alemania, se ha producido directamente en paralelo con la entrada masiva de inmigrantes. La inmigración ha traído riqueza y ha contribuido a generar empleo.
También desde una perspectiva estrictamente económica no olvidemos lo obvio, que un español desde que nace hasta que se hace productivo acarrea un coste considerable para la sociedad, mientras que un inmigrante es un valor cuyo coste de preparación ha recaído sobre otra sociedad y que a nosotros se nos entrega gratuitamente, y además generalmente en su momento óptimo. No es cuestión de dilucidar aquí si tal trasvase es justo para la sociedad que lo ha formado, pues tendríamos que entrar en disquisiciones filosóficas sobre la libertad humana y el derecho del individuo a determinar su vida y su futuro. Por lo que a nosotros respecta, nuestro cometido deber ser facilitar en todo lo posible su integración, de modo que se produzca un mutuo enriquecimiento. Y en este sentido son aún muchas las vías que se pueden flexibilizar y explorar. Por ejemplo, se deberían eliminar ciertas restricciones y discriminaciones por nacionalidad que el anterior Gobierno impuso en su tímido programa de reclutamiento condicional de extranjeros para las Fuerzas Armadas.
Por toda una serie de razones -entre ellas nuestra tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo- un flujo inmigratorio bien ordenado es una auténtica bendición para España, tanto a corto como a largo plazo. «Bien ordenado» en este contexto significa, entre otras cosas, lo que ha hecho el actual Gobierno: poner en marcha un proceso de regularización en el momento adecuado. Hay que tener presente que la inmigración no se puede regular del modo que se regula el tráfico. Es un fenómeno que exige un planteamiento y un tratamiento esencialmente diferentes de los que se aplican a otras cuestiones sociales. Se alega que los procesos de regularización tienden a ejercer un efecto llamada y que lo que se consigue a la larga es atraer más inmigrantes sin papeles. Como ya he indicado, la alternativa a ese posible efecto llamada no es otra que una política represiva e inhumana. Convenzámonos de que, de un modo o de otro, los inmigrantes no van a dejar de llegar, como no han dejado de entrar en países como Estados Unids, donde se han ensayado todo tipo de políticas inmigratorias y donde periódicamente se producen procesos de regularización (amnistías es como ellos los denominan) sin darle al asunto la carga de dramatismo que se le da en España. España es un país de libertades y de futuro. Ese es el auténtico efecto llamada. A ver cómo se elimina.
El tratamiento ordenado de la inmigración requiere, como es lógico, establecer determinadas restricciones, pero también exige la flexibilidad y la inteligencia suficientes como para darse cuenta de que nos encontramos ante un fenómeno de dimensiones históricas y de ramificaciones globales que van más allá de lo que un Gobierno nacional puede aspirar a controlar (aunque siempre tenga la opción de ignorarlo recurriendo a medidas represivas). Dicho de otro modo, tan necesario es aplicar debidamente la legislación vigente de inmigración como llevar a cabo procesos periódicos de regularización.Además, siempre que no se constaten condiciones laborales abusivas, no conviene aplicar penalizaciones desproporcionadas a los empresarios que dan trabajo a indocumentados, pues el empresario, especialmente si es un inmigrante que contrata a compatriotas suyos, está en su derecho a alegar objeción de conciencia: no se puede exigir a nadie que asista impasible al sufrimiento ajeno, especialmente cuando éste llega a situaciones extremas.
Aún sin olvidar que en su gran mayoría los inmigrantes no vienen a delinquir sino, muy al contrario, a dar lo mejor de sí, es un hecho innegable que en las cárceles españolas un número desproporcionado de reclusos es extranjero. Ello apunta a que en un planteamiento ordenado de la inmigración también debe haber un elemento de discriminación: política flexible y humanitaria hacia quien viene a trabajar y a hacer una contribución positiva y expulsiones expeditivas para quienes vienen a delinquir.
Un país que quiere desempeñar un papel de primera línea tiene que tratar los retos que le presenta la Historia con imaginación y audacia, sin caer en la tentación de aplicar soluciones fáciles pero represivas (para las que no hace falta ninguna imaginación). La Historia no se puede parar. Hay que ir con ella, no contra ella. Por eso nuestra respuesta a la entrada de inmigrantes, dentro de un orden flexible, debe ser un contundente sí. ¡Que vengan! Y cuantos más, mejor.
Juan A. Herrero Brasas es profesor de Etica Social en la Universidad del Estado de California
