Cuestiones relevantes de la inmigración y el mercado de trabajo. GUILLEM LÓPEZ I CASASNOVAS
Publicado en LA VANGUARDIA (28-11-2004)
Al parecer, en España la población extranjera podría situarse en cifras cercanas a los tres millones. De hecho, empadronados a enero del año 2003 se registran 2.664.168, de los que sólo un 60% contaba con tarjeta o permiso de residencia.En Catalunya el número de extranjeros empadronados se cifra en torno a los 600.000. A la clarificación de los datos anteriores es previsible que contribuya la expectativa de que a principios del año 2005 el nuevo reglamento de extranjería legalice la situación de trabajadores que dispongan de un contrato de trabajo (no una simple oferta), con alta en la Seguridad Social y cumplan los seis meses de estancia mínima requerida.
Después de ello, la normalización de la situación pasará, al parecer, por la concesión de una autorización de residencia temporal por arraigo laboral con los requisitos, entre otros, de existencia de vinculación laboral cuya duración no sea inferior al año, ausencia de antecedentes penales y una permanencia acreditada en España de al menos dos años. Alternativamente, podrá probarse una permanencia de tres años, no requiriéndose en este caso más que un contrato de trabajo en el momento de la solicitud. Bajo estos escenarios, no pueden por tanto sorprender la largas filas de ciudadanos que se observan estos días en distintas delegaciones oficiales pretendiendo acreditar su situación.
CAMBIO DE TERCIO. Contrastando con la realidad comentada, conviene recordar que España ha sido tradicionalmente un país de emigración. En menos de una década, sin embargo, esta tendencia ha cambiado radicalmente, convirtiéndose en un país de acogida.
En principio, la llegada de trabajadores de otros países puede suponer tanto la creación de nueva ocupación como la generación de un posible desplazamiento de los trabajos de los nativos. Generalmente, la entrada de inmigrantes se asocia con menores perspectivas laborales para los trabajadores nativos. Pero esta visión puede ser errónea si los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que de otra forma no se hubieran creado o, en el caso de que existieran ya, sus ocupantes anteriores han acabado disfrutando de una mejora laboral (como, por ejemplo, una subida de categoría ocupacional en la misma empresa).
En la literatura son múltiples los trabajos que tratan de estimar los efectos de la inmigración sobre el nivel de empleo, los salarios y jornadas de trabajo de la población nativa. La replicabilidad de los estudios de sistema comparado es muy compleja, ya que los detalles institucionales y de funcionamiento del mercado de trabajo son decisivos. La movilidad del trabajador inmigrante, sectorial y geográficamente, y su peso en ramas de actividad informales o sumergidas, dificulta los análisis tradicionales de población ocupada por sectores y niveles salariales. De modo similar, la inmigración afecta las cohortes de población ocupada, en particular en sociedades relativamente envejecidas, y por ello incide en las tasas de empleo/desempleo y en los perfiles salariales de los distintos grupos de población. Dicha composición puede incluso aliviar la de otro modo rigidez del mercado de trabajo, generando flexibilidad y mayor eficiencia productiva.
La Encuesta de Población Activa (EPA) 1999-2003 es la única fuente de datos existente por el momento que permite conocer la situación laboral de los extranjeros en España y su evolución en el tiempo, si bien tan sólo recoge información de los extranjeros en situación legal y además suficientemente instalados en el país. Otras bases de datos como el padrón municipal o datos del Ministerio del Interior recogen los flujos migratorios de manera más adecuada, pero no incluyen datos sobre la situación laboral, lo que hace imposible utilizarlas para estudiar las perspectivas laborales de los inmigrantes.
Para analizar un grupo tan heterogéneo como es el de inmigrantes, es esencial distinguir entre ellos, diferenciando por características demográficas (edad, tipo hogar, nivel de estudios) y laborales (actividad, ocupaciones, tipo contrato). Dicha heterogeneidad hace que se deba diferenciar de manera clara las perspectivas laborales entre distintos grupos de inmigrantes, vistas las consecuencias sociales que ello supone. En especial, interesa explicar cómo influyen la procedencia y los años de residencia de un inmigrante en el mercado laboral, ya que las perspectivas económicas de los inmigrantes cambian a medida que aumenta el tiempo de residencia en el país de destino. En efecto, a medida que un inmigrante reside en el país de destino se adquieren habilidades específicas que deberían facilitar en principio la asimilación, y con ello las diferencias ocupacionales deberían reducirse en el tiempo.
Del estudio descriptivo de la población inmigrante potencialmente activa (edad comprendida entre 16 y 59 años) resulta especialmente relevante observar cómo la inmigración reciente posee un mayor nivel educativo que la población española (al margen de los contenidos formativos que contengan los distintos niveles en sus países de origen), lo que no se ve correspondido sin embargo con su nivel ocupacional, ya que en la mayoría de los casos ocupan trabajos poco cualificados. Comparado con un trabajador español, un inmigrante es más propenso a estar trabajando (especialmente si proviene de América Latina y Europa Oriental, aumentando esta probabilidad con los años de residencia) aún en ocupaciones de baja calificación. Con todo, a medida que un inmigrante reside en el país es más probable que su nivel ocupacional mejore, de modo que un inmigrante en su primer año de llegada en España tiene el doble de probabilidad de estar en una ocupación sin cualificación que otro inmigrante ya instalado en el país.
MÁS ALLÁ DE LOS DATOS. El fenómeno de la inmigración presenta múltiples aristas, no sólo las de los mercados de trabajo, y está cargado de fuertes connotaciones políticas y sociales que hacen que su análisis global resulte complejo. De ahí la preocupación por garantizar que las cuestiones socioeconómicas formuladas en este terreno sean las realmente relevantes para la sociedad y no generen distorsiones de percepción graves.
Desde este prisma, parece irrelevante la cuestión de si los inmigrantes contribuyen más que se benefician de los recursos públicos del país, como si el tema de la inmigración se pudiera resolver con un gran análisis coste-beneficio de incidencia dudosa. No parece tampoco un argumento apropiado el de las necesidades de empleo de la economía. El hecho de que algunos empresarios necesiten más trabajadores para su sector no es una cuestión relevante si lo que se recoge con ello es la resistencia o dificultad de retribuir con salarios competitivos-eficientes a sus trabajadores.
Cabría contraponer quizás a aquellas cuestiones las relativas a la capacidad de la comunidad de acogida para integrar la inmigración sin provocar barreras irracionales; ya que las racionales o normales resultan inevitables y conviene incorporarlas como restricción mientras lo sean y no se mitiguen con acciones públicas de acompañamiento: así en lo que se refiere a las culturales, lingüísticas, falta de dispositivos asistenciales adecuados, de vivienda asequible que evite la segmentación, etcétera.
Finalmente, convendría de una vez por todas discutir pros y contras de una política de acogida basada no sólo en la permanencia, sino también en la temporalidad. Actualmente los incentivos se centran demasiado en las primeras. Este es el caso cuando se devengan derechos únicamente en la medida en que se mantiene la residencia (acceso al sistema sanitario, pensiones), o favorecen el efecto llamada de los servicios universales para reagrupamientos familiares (escolarización, acceso a vivienda para ciertas categorías de familias, servicios sociales y sanitarios) de los que pueden ser beneficiarias las clases pasivas sólo en la medida en la que consigan la reagrupación. La situación actual es, pues, fuertemente asimétrica respecto de estrategias de inmigración temporales. Para éstas, las políticas de integración cultural, de vivienda y lingüísticas son de distinto alcance. Y no sólo por argumentos de eficiencia, sino también de equidad. Así, al tratarse a menudo de inmigrantes en su edad productiva álgida, con formación incluso superior a la de sus coetáneos autóctonos, puede que su objetivo sea el trabajo estacional, acumulando el máximo de horas de trabajo, retribuidas monetariamente más que con el disfrute de otros elementos sociales (vida en familia, acceso a formación complementaria, derechos futuros y prestaciones en especie).
La recuperación para los países de procedencia de dichos colectivos es importante, ya que mejora su oferta de trabajo autóctona, recupera directamente divisas y amortiza el poco o mucho capital humano del que el trabajador se haya podido beneficiar. Para ello, sus rentas y derechos incluso de pensiones devengadas en los países de destino deberían poderse liquidar -por ejemplo, con un cheque al regreso- precisamente a abonar en los países de origen en los que mayor es, sin duda, el poder de compra de dichos recursos.
Guillem López es catedrático de Hacienda Pública, Universitat Pompeu Fabra.
Al parecer, en España la población extranjera podría situarse en cifras cercanas a los tres millones. De hecho, empadronados a enero del año 2003 se registran 2.664.168, de los que sólo un 60% contaba con tarjeta o permiso de residencia.En Catalunya el número de extranjeros empadronados se cifra en torno a los 600.000. A la clarificación de los datos anteriores es previsible que contribuya la expectativa de que a principios del año 2005 el nuevo reglamento de extranjería legalice la situación de trabajadores que dispongan de un contrato de trabajo (no una simple oferta), con alta en la Seguridad Social y cumplan los seis meses de estancia mínima requerida.
Después de ello, la normalización de la situación pasará, al parecer, por la concesión de una autorización de residencia temporal por arraigo laboral con los requisitos, entre otros, de existencia de vinculación laboral cuya duración no sea inferior al año, ausencia de antecedentes penales y una permanencia acreditada en España de al menos dos años. Alternativamente, podrá probarse una permanencia de tres años, no requiriéndose en este caso más que un contrato de trabajo en el momento de la solicitud. Bajo estos escenarios, no pueden por tanto sorprender la largas filas de ciudadanos que se observan estos días en distintas delegaciones oficiales pretendiendo acreditar su situación.
CAMBIO DE TERCIO. Contrastando con la realidad comentada, conviene recordar que España ha sido tradicionalmente un país de emigración. En menos de una década, sin embargo, esta tendencia ha cambiado radicalmente, convirtiéndose en un país de acogida.
En principio, la llegada de trabajadores de otros países puede suponer tanto la creación de nueva ocupación como la generación de un posible desplazamiento de los trabajos de los nativos. Generalmente, la entrada de inmigrantes se asocia con menores perspectivas laborales para los trabajadores nativos. Pero esta visión puede ser errónea si los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que de otra forma no se hubieran creado o, en el caso de que existieran ya, sus ocupantes anteriores han acabado disfrutando de una mejora laboral (como, por ejemplo, una subida de categoría ocupacional en la misma empresa).
En la literatura son múltiples los trabajos que tratan de estimar los efectos de la inmigración sobre el nivel de empleo, los salarios y jornadas de trabajo de la población nativa. La replicabilidad de los estudios de sistema comparado es muy compleja, ya que los detalles institucionales y de funcionamiento del mercado de trabajo son decisivos. La movilidad del trabajador inmigrante, sectorial y geográficamente, y su peso en ramas de actividad informales o sumergidas, dificulta los análisis tradicionales de población ocupada por sectores y niveles salariales. De modo similar, la inmigración afecta las cohortes de población ocupada, en particular en sociedades relativamente envejecidas, y por ello incide en las tasas de empleo/desempleo y en los perfiles salariales de los distintos grupos de población. Dicha composición puede incluso aliviar la de otro modo rigidez del mercado de trabajo, generando flexibilidad y mayor eficiencia productiva.
La Encuesta de Población Activa (EPA) 1999-2003 es la única fuente de datos existente por el momento que permite conocer la situación laboral de los extranjeros en España y su evolución en el tiempo, si bien tan sólo recoge información de los extranjeros en situación legal y además suficientemente instalados en el país. Otras bases de datos como el padrón municipal o datos del Ministerio del Interior recogen los flujos migratorios de manera más adecuada, pero no incluyen datos sobre la situación laboral, lo que hace imposible utilizarlas para estudiar las perspectivas laborales de los inmigrantes.
Para analizar un grupo tan heterogéneo como es el de inmigrantes, es esencial distinguir entre ellos, diferenciando por características demográficas (edad, tipo hogar, nivel de estudios) y laborales (actividad, ocupaciones, tipo contrato). Dicha heterogeneidad hace que se deba diferenciar de manera clara las perspectivas laborales entre distintos grupos de inmigrantes, vistas las consecuencias sociales que ello supone. En especial, interesa explicar cómo influyen la procedencia y los años de residencia de un inmigrante en el mercado laboral, ya que las perspectivas económicas de los inmigrantes cambian a medida que aumenta el tiempo de residencia en el país de destino. En efecto, a medida que un inmigrante reside en el país de destino se adquieren habilidades específicas que deberían facilitar en principio la asimilación, y con ello las diferencias ocupacionales deberían reducirse en el tiempo.
Del estudio descriptivo de la población inmigrante potencialmente activa (edad comprendida entre 16 y 59 años) resulta especialmente relevante observar cómo la inmigración reciente posee un mayor nivel educativo que la población española (al margen de los contenidos formativos que contengan los distintos niveles en sus países de origen), lo que no se ve correspondido sin embargo con su nivel ocupacional, ya que en la mayoría de los casos ocupan trabajos poco cualificados. Comparado con un trabajador español, un inmigrante es más propenso a estar trabajando (especialmente si proviene de América Latina y Europa Oriental, aumentando esta probabilidad con los años de residencia) aún en ocupaciones de baja calificación. Con todo, a medida que un inmigrante reside en el país es más probable que su nivel ocupacional mejore, de modo que un inmigrante en su primer año de llegada en España tiene el doble de probabilidad de estar en una ocupación sin cualificación que otro inmigrante ya instalado en el país.
MÁS ALLÁ DE LOS DATOS. El fenómeno de la inmigración presenta múltiples aristas, no sólo las de los mercados de trabajo, y está cargado de fuertes connotaciones políticas y sociales que hacen que su análisis global resulte complejo. De ahí la preocupación por garantizar que las cuestiones socioeconómicas formuladas en este terreno sean las realmente relevantes para la sociedad y no generen distorsiones de percepción graves.
Desde este prisma, parece irrelevante la cuestión de si los inmigrantes contribuyen más que se benefician de los recursos públicos del país, como si el tema de la inmigración se pudiera resolver con un gran análisis coste-beneficio de incidencia dudosa. No parece tampoco un argumento apropiado el de las necesidades de empleo de la economía. El hecho de que algunos empresarios necesiten más trabajadores para su sector no es una cuestión relevante si lo que se recoge con ello es la resistencia o dificultad de retribuir con salarios competitivos-eficientes a sus trabajadores.
Cabría contraponer quizás a aquellas cuestiones las relativas a la capacidad de la comunidad de acogida para integrar la inmigración sin provocar barreras irracionales; ya que las racionales o normales resultan inevitables y conviene incorporarlas como restricción mientras lo sean y no se mitiguen con acciones públicas de acompañamiento: así en lo que se refiere a las culturales, lingüísticas, falta de dispositivos asistenciales adecuados, de vivienda asequible que evite la segmentación, etcétera.
Finalmente, convendría de una vez por todas discutir pros y contras de una política de acogida basada no sólo en la permanencia, sino también en la temporalidad. Actualmente los incentivos se centran demasiado en las primeras. Este es el caso cuando se devengan derechos únicamente en la medida en que se mantiene la residencia (acceso al sistema sanitario, pensiones), o favorecen el efecto llamada de los servicios universales para reagrupamientos familiares (escolarización, acceso a vivienda para ciertas categorías de familias, servicios sociales y sanitarios) de los que pueden ser beneficiarias las clases pasivas sólo en la medida en la que consigan la reagrupación. La situación actual es, pues, fuertemente asimétrica respecto de estrategias de inmigración temporales. Para éstas, las políticas de integración cultural, de vivienda y lingüísticas son de distinto alcance. Y no sólo por argumentos de eficiencia, sino también de equidad. Así, al tratarse a menudo de inmigrantes en su edad productiva álgida, con formación incluso superior a la de sus coetáneos autóctonos, puede que su objetivo sea el trabajo estacional, acumulando el máximo de horas de trabajo, retribuidas monetariamente más que con el disfrute de otros elementos sociales (vida en familia, acceso a formación complementaria, derechos futuros y prestaciones en especie).
La recuperación para los países de procedencia de dichos colectivos es importante, ya que mejora su oferta de trabajo autóctona, recupera directamente divisas y amortiza el poco o mucho capital humano del que el trabajador se haya podido beneficiar. Para ello, sus rentas y derechos incluso de pensiones devengadas en los países de destino deberían poderse liquidar -por ejemplo, con un cheque al regreso- precisamente a abonar en los países de origen en los que mayor es, sin duda, el poder de compra de dichos recursos.
Guillem López es catedrático de Hacienda Pública, Universitat Pompeu Fabra.
