Los juzgados de Tarragona deniegan casi la mitad de las órdenes de protección

Desde 2009 ha bajado el número de víctimas que pide una orden de protección y se han doblado las negativas a concedérselas

La prohibición de comunicación es la medida de protección más adoptada junto a las órdenes de alejamiento.

Foto: Lluís Milián

Norián Muñoz

En lo que va de año los juzgados de la demarcación de Tarragona han denegado casi una de cada dos órdenes de protección (el 46%) solicitadas por las mujeres que afirman ser víctimas de violencia de género. Los datos, que se desprenden de la estadística del Consejo General del Poder Judicial, demuestran, además, que el número de peticiones ha ido a la baja en los últimos cinco años. Si en 2009 hubo 1.001 solicitudes, en 2014 fueron 755. La tendencia a no concederlas va en aumento. Si en 2009 se denegaba el 24%, en 2014 fueron el 46%.

Con todo, los datos de Tarragona no vienen más que a reflejar una tendencia que se repite en España en general y en Catalunya en particular. En el conjunto del Estado, por ejemplo, se solicitaron 33.167 medidas el año pasado, de las cuales se denegaron 14.391 (El 43,4%). En Catalunya la tendencia a denegar las medidas es aún mayor: de las 5.342 que se presentaron se denegaron 3.530 (el 66,1%).

Los datos han hecho incluso interpelar al ministro de justicia sobre el asunto. En una entrevista a la Cadena SER, Rafael Català dijo «no saber» por qué se concedían menos órdenes.

El tema de las medidas de protección ha saltado a la palestra por el caso de una de las últimas fallecidas en el que está resultando un año negro. Se trata de Inés Francés, presuntamente asesinada por su expareja en Santa Cruz de Tenerife el mes pasado. La justicia le denegó la orden que solicitaba al estimar que no aportó pruebas suficientes de que corriera peligro su vida.

De las mujeres asesinadas el año pasado, el 93% no tenía una orden de protección, a pesar de que el 31% habían denunciado previamente.

En el caso de Barcelona, la Memoria del área de Violencia Doméstica y de Género de la Fiscalía de Barcelona ya mostraba sorpresa en septiembre por los datos y hacía un llamado a una «profunda reflexión» respecto al aumento de órdenes denegadas.

Estudiar caso por caso

No resulta fácil encontrar quien se aventure a encontrar el motivo de por qué se conceden menos órdenes. Incluso el diputado socialista por Tarragona Joan Ruiz, quien denunciaba la situación hace unos días, aseguraba que las estadísticas indican que «se está retrocediendo en la lucha contra la violencia de género», pero dijo no tener una hipótesis sobre por qué se deniegan las órdenes. El decano del Colegio de Abogados de Tarragona, Manel Albiac, considera que hay que tener en cuenta dos factores: por una parte, que hay cada vez más concienciación sobre el tema, lo que estaría relacionado, en su opinión, con que se denuncie menos y se pidan menos órdenes. De hecho, las denuncias en general también han ido bajando en los últimos años (2.268 el año pasado frente a las 3.234 de 2008). También refiere Albiac que cada vez hay más conocimiento y especialización sobre los delitos relacionados con la violencia de género y los jueces se miran cada vez más «caso por caso». Recuerda el decano que las medidas se adoptan de manera cautelar, es decir, la víctima tiene un plazo de 30 días para ratificarse en lo que ha dicho. «El tipo de delito conlleva la obligación de la víctima de tener que ratificarse en un momento en que no hay tranquilidad emocional». No es lo mismo, añade, el tipo de medidas que suele solicitar una pareja joven (cada vez hay más) en que cada uno vive en su casa, a las que requerirá una que vive en el mismo domicilio y tiene hijos en común, por ejemplo. Recuerda que hay distintos tipos de medidas que se pueden adoptar. Unas son penales y otras de carácter civil. Entre las penales se encuentran la privación de libertad y las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación, estas últimas más frecuentes. En cuanto a las civiles, hay medidas como atribución de la vivienda y otras relacionadas con los hijos como suspensión del régimen de visitas, de la patria potestad o de la guardia y custodia y la obligación de pagar una prestación de alimentos. 

Útiles si se respetan

Las medidas de protección pueden ser solicitadas por la propia víctima cuando interpone una denuncia contra su agresor, pero también a instancia de otras personas, del Ministerio Fiscal o de la propia administración. Lo más frecuente es que las pidan las víctimas. En Tarragona, el año pasado, el 97,6% fueron presentadas por las propias mujeres. De entre ellas, 507 eran españolas y 248, extranjeras. 10 eran menores de edad. En cuanto a los denunciados, 526 eran extranjeros y 229, españoles. Una técnica que trabaja directamente en la atención a las víctimas refiere que las órdenes sí que son útiles y además les aportan tranquilidad emocional. Eso sí, «siempre que ellas las respeten y consigan mantenerse firmes», algo que no siempre es fácil y que tiene que ver con el apoyo con el que cuenten en ese momento, los años de maltrato o la edad, entre otros. Es la otra cara de la t moneda. Un letrado refiere haber visto víctimas jóvenes cuya pareja tiene prohibición de comunicarse con ellas que chatean por WhatsApp u otras que, tras una brutal agresión, terminan sentándose al lado del agresor antes de entrar al juicio a pesar de que tienen una orden de alejamiento. «No es sen     cillo», concluye.