El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), confía en que el Gobierno cumpla sus compromisos económicos con la organización de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017, y ha tachado de "desafortunadas" las manifestaciones del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, sobre la escasa capacidad presupuestaria.
Cardenal expuso el martes en el Senado que las posibilidades de que el Estado invirtiera en los Juegos del Mediterráneo 2017 eran "muy escasas", y hoy Ballesteros ha replicado tachando de "desafortunadas" estas declaraciones, al tiempo que ha expresado su confianza de que se mantengan los compromisos adquiridos.
A pesar de que el alcalde ha recordado que el 75% de las inversiones ya están hechas y que el Gobierno tan solo debe asumir la construcción de una de las tres instalaciones que hay que erigir, ha reconocido que sin la aportación estatal sería "prácticamente imposible realizar los Juegos".
Ballesteros duda de que el Gobierno renuncie a los eventos deportivos que ya están concedidos y, por ello, el Comité Organizador sigue trabajando en la confección del Plan Director de los Juegos y también en conseguir que el Estado conceda bonificaciones fiscales a las empresas patrocinadoras.
"No queremos ni pensar en la posibilidad de que el Gobierno no asuma los compromisos ya adquiridos con los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017. Dar marcha atrás sería un error histórico no sólo para Tarragona, sino por Cataluña y para el conjunto de España", ha afirmado Ballesteros.
Por su parte, el diputado del PSC por Tarragona en el Congreso Joan Ruiz ha anunciado hoy que su grupo preguntará en el pleno del Congreso sobre cuál es el calendario que tiene el Gobierno para hacer frente a su compromiso con la celebración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017.
Ruiz quiere conocer los detalles sobre "los compromisos económicos ya adquiridos y cómo se concretarían en el tiempo", y ha recordado que "hablamos de una audiencia televisiva que superará los 250 millones de espectadores y de un volumen de pernoctaciones superior a las 45.000 personas".
Estos datos avalan, para el socialista, que sería un "error histórico dar marcha atrás en un proyecto que beneficiará no sólo a Tarragona, sino también las marcas de Cataluña y España", y cree que tanto "el gobierno de la Generalitat como el del Estado estarán a la altura desde la lealtad institucional"
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