Muchos se plantean ahora la posibilidad de volver a casa de sus padres. La crisis y la precariedad laboral se unen para conseguirlo

Una joven, ayer, en Tarragona, consultando los alquileres en el tablón de una inmobiliaria. - LLUÍS MILIÁN

Más de 1.800 jóvenes de la ciudad de Tarragona se quedarán sin los 210 euros mensuales de ayuda al alquiler de la Renta Básica de Emancipación. Ésta fue una de las iniciativas más populares presentada en la última etapa del Gobierno de Zapatero. Una ayuda que el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido cortar.

Esta decisión, en plena crisis, que comportará bastantes problemas a todos aquellos jóvenes de entre 22 y 30 años –después de cuatro años en vigor– ha caído como un jarro de agua fría a los beneficiarios.

Por todo ello, cerca de 2.000 tarraconenses ven peligrar su autonomía e independencia. De momento, la nueva medida anunciada afectará sólo a los nuevos demandantes y a aquellos que quieran renovar la ayuda. En toda la demarcación serán 8.034  los que acabarán quedándose sin la prestación.

Una de las primeras personas en denunciar esta situación  fue el diputado del PSC al Congreso, Joan Ruiz, quien alerta que «muchos jóvenes que se habían independizado tendrán que volver a casa de sus padres porque no podrán asumir un alquiler que sin ayuda supondrá el 42% de su salario».  Dada esta situación, muchos jóvenes se plantean ahora, obligatoriamente, volver a casa con sus padres. Los bajos sueldos y los altos alquileres hacen imposible que todos los jóvenes puedan costearse los recibos del alquiler.

El sindicato UGT ya ha advertido que considera «temerario suprimir la Renta Básica de Emancipación». Aseguran que «la desaparición de esta ayuda podría  abocar a más de 300.000 jóvenes a perder su hogar».

Además, «esta prestación ha demostrado que disminuye en un 50% el esfuerzo que deben realizar para alquilar una vivienda». UGT defiende también que esta subvención «es importante en el actual escenario de crisis económica con una tasa de paro entre los jóvenes superior al 45% (con una tasa de empleo inferior al 26%), una edad de emancipación muy por encima de la media europea –situada en los 30 años–, una progresiva disminución de los salarios, y ante la imposibilidad de conseguir un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda». De hecho, desde 2008, más de medio millón de jóvenes emancipados han tenido que regresar a casa de sus padres al no encontrar medios para subsistir. Este movimiento ya se conoce como la ‘desemancipación’. En toda España, 75.000 jóvenes con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros, ya no podrán optar a la ayuda.

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